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El sistema contempla el incremento anual automático de pensiones, según el porcentaje de inflación y sin solicitud judicial

600 mil beneficiados por el sistema SUPA

El sistema se puede conocer a través de la página web de la Judicatura. Pero si lo desean, los progenitores pueden acudir a las unidades judiciales para pedir asesoría. El servicio es gratuito. Archivo / El Telégrafo
El sistema se puede conocer a través de la página web de la Judicatura. Pero si lo desean, los progenitores pueden acudir a las unidades judiciales para pedir asesoría. El servicio es gratuito. Archivo / El Telégrafo
02 de diciembre de 2015 - 00:00 - Redacción Justicia

Jorge P.T. busca una forma de llegar a un acuerdo con su exconviviente. El miércoles último este hombre de 39 años llegó al segundo piso de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en el norte de Quito.

En el lugar cogió turno para pedir asesoría legal a un defensor público. Llevaba una carpeta que contenía su cédula, la partida de nacimiento de sus 2 hijos, de 7 y 9 años, y recibos de los retiros que realizaba desde un cajero por el valor de $ 180 ($ 90 por cada uno de sus vástagos).

Jorge es empleado privado en una empresa de metales. Hace año y medio se separó de su pareja con quien convivió durante 10 años. “Apenas me separé de ella pagué las mensualidades para mis hijos”, expresó.

Su preocupación es que hace 15 días recibió una notificación de juicio de alimentos. Su expareja dijo ante un juzgado que nunca le han pagado las mensualidades.

Este tipo de casos son recurrentes dentro de los procesos legales por manutención de niños. Para evitarlos, el Consejo de la Judicatura (CJ) implementó el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

Se trata de una herramienta informática para garantizar el adecuado proceso de recaudación y cobro de estas obligaciones.

Este sistema pone a disposición de los alimentantes fácil acceso a una cuenta bancaria, para que el pago de las pensiones vaya directamente a una cuenta en instituciones financieras públicas y privadas.

Ha pasado poco más de un mes desde que entró en vigencia y aunque todavía el sistema se encuentra en un período de estabilización, los resultados son positivos, aseguró Hernán Calixto, director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

Anteriormente el pago se realizaba a través de cuentas virtuales en una sola entidad bancaria, pero con la vigencia del SUPA, el procedimiento se amplía, puesto que el servicio se aplicará en las redes asociadas con el Banco del Pacífico además de todas las sucursales del Banco Nacional de Fomento (BNF) y en las redes de cooperativas del país y el cobro se hará en la cuenta de cualquier banco del sistema financiero nacional que la madre o el beneficiario hayan identificado en la providencia judicial.

Cifras de la Judicatura detallan que en el país existen 572.041 cuentas activas y el resto de casos tiene que acoplarse al nuevo sistema.

En la Unidad Judicial, Jorge recién conoció sobre el sistema. El hombre contó que se acordaron estas mensualidades, tras la asistencia de un abogado, quien indicó a cuánto ascendía la pensión, de acuerdo con la tabla vigente.

Aseguró que cada fin de mes que visitaba a sus hijos les dejaba el valor de la manutención para que ellos entreguen el dinero a su madre. “No nos hablamos”, reiteró y reconoció que ese fue su error. “Debí hacer una transferencia y pedir recibos”, se lamenta.

Calixto garantizó que el nuevo sistema es amigable y dejará como constancia que se están pagando las pensiones. No obstante, algunos usuarios aseguran que todavía no conocen cómo funciona. Esa fue la experiencia de Alexandra Alvear, empleada de una agencia de cabinas telefónicas.

La mujer de 21 años llegó al estand de información de la Unidad Judicial. Contó que antes recibía el dinero ($ 100 mensuales) a través de un depósito en una cuenta del Banco de Guayaquil, pero le informaron que el trámite cambió.

El sistema es a escala nacional

Calixto explicó que en este sistema se encuentran alrededor de 8 bancos, 26 cooperativas. Entre ellas están Banco Comercial de Manabí, Procredit, Capital, Internacional; entre las cooperativas se encuentran Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana, Cámara de Comercio, Once de Junio, Santa Rosa, Crédito y Comercio, Alianza del Valle, Desarrollo Integral. Además, las mutualistas Pichincha, Imbabura y Azuay.

Alejandra Riera, madre de un niño de 4 meses, también conoció sobre el nuevo procedimiento. La mujer llegó desde el sector de La Argelia (sur de Quito) para que su expareja le cancele $ 150. Ahí le indicaron que debía abrir una cuenta. “Es una forma ordenada de llevar las cosas, así habrá registro de los depósitos”, comentó.

El director indicó también que para este trámite no es necesario acercarse a las unidades judiciales. Lo pueden hacer en la página www.funcionjudicial.gob.ec y ahí van a encontrar el logo de SUPA para activar las cuentas. Con este sistema, alrededor de 600 mil personas se beneficiarán.

Solo en Guayas hay 120.863 beneficiarios; en Pichincha 112.060, mientras que en Azuay son 49.792 beneficiarios.

Órdenes de apremio

Calixto explicó que todas las personas están obligadas a pagar pensiones alimenticias. Esto es posible después de que se realizó una migración automática de los datos hacia el sistema actual.

Esto quiere decir que se llevó la información de los juicios de alimentos al nuevo sistema del SUPA para las entidades bancarias. En Pichincha se efectuó el paso de información de 200 mil causas.

En caso de mora, el SUPA no ha modificado el régimen legal. Por ello, la alimentaria tiene derecho de solicitar apremio (detención) al juez, porque es un derecho amparado por la Constitución.

Piedad Gálvez, mediadora en el Centro de Mediación de la Corporación Ecuatoriana de Capacitación e Integración de la Mujer, reconoció que el SUPA es un buen mecanismo para los padres que no cumplen sus obligaciones. Pero ella está preocupada por los progenitores que dejaron de percibir el ingreso.

La abogada Gálvez contó que uno de sus clientes, que laboraba en una petrolera, fue despedido. La mensualidad para su hijo de año y medio ascendía a los $ 1.200, además la mujer recibió el 5% de su liquidación. Con la ejecución de este sistema, dijo, su cliente podría ser detenido.

“Debe haber alguna forma flexible de dar facilidades para los padres que se quedan sin sus ingresos y que no llegue a ejecutarse una orden de detención”, opinó. (I)

Datos

Si la cuenta de ahorros en la que reciben las pensiones corresponde al Banco Pacífico, los beneficiarios dispondrán, sin costo, de la tarjeta Pacificard Debit.

Esta tarjeta cuenta con servicios como: seguro de muerte accidental, retiros en efectivo; consulta de saldos de la cuenta; transacciones en cajeros automáticos; pagos en efectivo; pago de servicios básicos.

A partir de la información que se genere por abrir la cuenta, el sistema generará órdenes de pago y se podrán cancelar las retenciones judiciales mediante cheques certificados o transferencias al Banco Pacífico.

Si existe un retraso en las pensiones, un juez puede ordenar hasta la privación de la libertad del alimentante (el que paga la mensualidad). Para eso se debe presentar un escrito ante el juez -a través de un abogado particular o de un defensor público- indicando que hay retraso. Según esto, el juez dicta la orden de apremio.

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