Los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) realizaron ayer su rendición de cuentas, en la cual se resaltó que de los 324 millones de dólares, se han ejecutado 203. El monto está dividido en infraestructura civil (142 millones), tecnología (36), talento humano (3), modelo de gestión (2), comunicación (4), entre otros.

Se destinaron más de 800 mil metros cuadrados para la construcción de unidades judiciales, lo que abrió 15 mil puestos de trabajo.

Paulo Rodríguez, presidente del CJT, manifestó  que al inicio de la gestión (julio de 2011) se plantearon 25 proyecto, de los cuales en ejecución está un 58%, finalizado un 13% y por iniciar un 28%.

El vocal Fernando Yávar resaltó la depuración que se dio en el sistema de administración de justicia y agregó que los actos de corrupción e incumplimiento se han sancionado como correspondía. Dijo que han resuelto 1.540 expedientes disciplinarios con respecto a las labores de los funcionarios.

Se trata de denuncias por irregularidades, de las cuales 1.014 expedientes han sido resueltos. Además se han establecido 367 ejecuciones, 287 sanciones, 167 multas y 45 reconsideraciones.

Con respecto a la evaluación de los 5.456 servidores judiciales, 1.288 obtuvieron una calificación negativa. Dentro de los que fueron desenrolados constan 137 personas que superaban los 70 años de edad.

La vocal Tania Arias manifestó que en los 12 meses de funciones se han despachado 3 millones de causas, es decir 250 mil por mes.

En lo penal se resolvieron 250 mil causas represadas en cuatro provincias del Ecuador. Dentro de sus competencias, Arias señaló que se han implementado 87 unidades judiciales para familia, niñez y adolescencia, en las que trabajan 265 jueces.

El 50% de las causas represadas en la administración de justicia a nivel nacional pertenecía a esta área. Un estudio determinó que el 60% de mujeres en Ecuador sufre de episodios de violencia doméstica, por lo que entre las tareas por implementar están 81 judicaturas de violencia, que reemplazarán a las comisarías de la mujer y se ubicarán en 32 cantones.

En la Defensoría Pública, dijo, hay 300 abogados destinados a varias causas y que, además, se encargan de defender a las personas de bajos recursos económicos.