La sentencia del caso Sobornos 2012-2016, emitida el 7 de abril  de 2020 contra 20 procesados por el delito de cohecho agravado, fue modificada la tarde de este lunes 20 de julio por el Tribunal Penal integrado por los jueces David Jacho (ponente) Dilza Muñoz y Wilman Terán.

Alrededor de cuatro horas con 10 minutos duró la audiencia, en la que el Tribunal anunció en forma oral su resolución sobre las apelaciones a la sentencia que presentaron los 20 sentenciados y la del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en calidad de acusador particular.

Tras exponer los elementos probatorios de cada uno de los sentenciados para argumentar la resolución oral, el juez ponente, David Jacho, anunció que 16 apelaciones fueron rechazadas, y las del exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M., del exministro Walter S., del empresario Alberto H., de la exasistente presidencial Laura T. y la del Procurador General del Estado fueron aceptadas parcialmente.

Para Alexis M. y Walter S., se les aceptó reducir la pérdida de derechos ciudadanos de 25 años, como establecía la sentencia inicial, a los ocho años que es el tiempo de la condena de privación de la libertad que recibieron.

#ATENCIÓN | #CasoSobornos 2012-2016: #FiscalíaEc demostró nuevamente que los sentenciados por cohecho son responsables del delito imputado. Tribunal de la @CorteNacional negó las apelaciones de 18 implicados y modificó la condena para otros 2. #ElMomentoJusto pic.twitter.com/dFzRcaAWbb

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 20, 2020

Este beneficio también alcanza a todos los sentenciados, es decir que pierden los derechos, por el tiempo de la sentencia que se les impuso.

A su vez, para empresario Alberto H., quien estaba condenado a ocho años de cárcel como autor directo, la pena se le reduce a 32 meses, porque su condición pasa a cómplice.

Para Laura T. quien por ser cooperadora eficaz para esclarecer el caso fue condenada a 19 meses y seis días de prisión en su calidad de cómplice, se le bajó la pena a tres meses con seis días.

Mientras que en el caso de la apelación de la Fiscalía, fue aceptado parcialmente el recurso y el Tribunal ordenó que cada uno de los autores y coautores paguen como reparación integral $ 778.224,01 y los cómplices $ 368.632,43.

Excepto a Laura T. y Alberto H., para los 18 sentenciados restantes la pena de prisión, se mantiene tal como lo dispuso el pasado 7 de abril el Tribunal de Juicio integrado por los jueces nacionales, Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

Ellos encontraron culpables de cohecho agravado, en calidad de autores mediatos, al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G., por lo que fueron sentenciados a ocho años de cárcel.

Desde @FiscaliaEcuador desvirtuamos cada una de las apelaciones de las defensas con argumentos técnico-jurídicos. El Tribunal ha ratificado su sentencia en contra de los 18 y la ha modificado parcialmente con 2 de los sentenciados. #CasoSobornos. Que este sea un precedente.

— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) July 20, 2020

La misma pena, pero como coautores, se mantiene para seis exfuncionarios públicos: al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M., a los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D., y Walter S. Además, a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana B. y al exlegislador de Alianza PAIS, Christian V.

De igual manera, pero como autores directos quedan condenados a ocho años de prisión nueve empresarios: Edgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; Mateo Ch. y Bolívar S.

Para la exasesora presidencial Pamela M., pese a ser declarada coautora, por su colaboración para esclarecer el caso se le impuso una pena de 38 meses y 12 días de cárcel, la cual se mantiene.

La audiencia que se cumplió el 20 de julio de 2020 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fue incidentada. Inició con una hora y media de retraso por problemas en la conexión y con las licencias que permitían el ingreso a una sala virtual en donde se trasmitiría el fallo.

Más de 200 personas aparecían dentro de la sala virtual, cuando lo previsto era que estuvieran presentes no más de una veintena de abogados.

Ante esta situación, los defensores de algunos sentenciados solicitaron que se postergue la audiencia, pero el juez Jacho no aceptó, al considerar que esas peticiones "tienen un afán dilatorio".

Además, el abogado del procesados y exministro Walter S. no acudió a la audiencia, ante lo cual el magistrado solicitó la presencia de la Defensoría Pública para que lo represente al acusado.

Con la resolución del Tribunal de Apelación anunciada este 20 de julio en forma oral, la sentencia de primera instancia se ratifica en esta segunda instancia, pero modificada.

Ahora, las partes procesales deberán esperar la notificación de la resolución por escrito, que podría darse hasta la próxima semana. A partir de ahí las partes podrán acudir a un último recurso judicial, calificado de última instancia, para tratar de cambiar la sentencia, y es la casación.

El artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), determina que procede la casación, “cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente”.

Para su trámite, los sujetos procesales pueden interponer el recurso dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia. El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días convocará a audiencia para resolver.

Solo cuando el tribunal de casación ratifique la sentencia, esta quedará en firme, se ejecutará en su totalidad y se acaba el proceso.

Los penalistas José Molina y Eduardo León Micheli, equipo de defensa del empresario Edgar S, exrepresentante legal de Consermin, anunciaron que presentarán el recurso de casación ante la CNJ.

Los juristas manifestaron la necesidad de que un nuevo conjunto de jueces pueda valorar objetivamente los argumentos que determinan que, en la sentencia en contra su defendido, se han cometido múltiples errores que violentan la garantía de sus derechos, tal como concluye en un informe el Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador (ODJ). (I)