Era la segunda ocasión que Diana Campoverde acudía a la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El miércoles 7 de febrero, en horas de la tarde, se instaló la audiencia de mediación de rebaja de pensión alimenticia, en la que esta vez sí se presentó su expareja, con quien tiene dos hijos. Ellos llegaron a un acuerdo en presencia de la mediadora Noria Brito Barcia.

Diana, madre de cuatro vástagos, demandó a su expareja ante un juez de Familia para que se responsabilice económicamente de sus dos hijos. Su abogada la convenció para que su causa pase al sistema de mediación.

“En menos de ocho días se resolvió mi caso. Accedí a la rebaja de pensión porque el señor tiene otras cargas familiares y llegamos a un acuerdo sin ningún inconveniente”, dijo la demandante.

La mujer mostró su satisfacción con este servicio, del cual conocía muy poco.

La abogada Brito Barcia, que actuó en la audiencia de mediación, confirmó que Diana aceptó bajar la pensión a $ 170, porque el padre de sus hijos no tiene trabajo desde hace un año y regularmente vende yogurt.  

Además el hombre enfrenta un convenio de pagos de $ 30 por el mismo tema y a ello se suma la pensión de $ 160 que cobra su actual pareja por sus dos vástagos.

El ciudadano no tiene un trabajo estable y enfrenta tres pagos por alimentos.

La última demanda la presentó su actual mujer, de quien estuvo separado seis meses y después volvieron a vivir juntos en Santo Domingo. Pero ella mantiene su requerimiento judicial.

*Haga click en la imagen para ampliarla

Mantener demanda activa
Para Brito, “no es legal que una persona tenga la demanda activa cuando vive con el padre de sus hijos. En este caso el juez puede llamar a ambos, los mediadores no tienen la autorización para suspender la pensión”.

En el caso de Diana, los mediadores envían un acta original para que el juez provea a Pagaduría, a fin de que conozca lo que tiene que pagar el demandado.

Pero cuando el acuerdo se incumple, la mujer solicita la ejecución del acta ante la autoridad judicial.

Del total de las audiencias de mediación realizadas desde enero hasta diciembre de 2017, el 87,22% llegó a un acuerdo.

Ahorro al Estado
Cada acuerdo firmado significó un ahorro para el Estado de $ 325. El costo por causa resuelta en unidades judiciales no penales es de $ 470 y por cada acuerdo en Mediación $ 145.

Ahorro de $ 35’191.325 significaron las 108.281 causas con acuerdos de mediación entre 2014 y 2017.

El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, destacó que este hecho ayuda a descongestionar las unidades judiciales del país.

A nivel nacional en 2014 se instalaron 16.509 audiencias, en las que se llegaron a 13.801 acuerdos; en 2015 hubo 33.541 diligencias, en las que lograron 28.836 actas; en 2016, subieron a 39.101 mediaciones que anotaron 34.863 pactos.

En 2017, bajaron a 34.316 las audiencias de mediación, en las que se registraron 30.863 convenios.

El poder del diálogo
Para Cielito Mora, coordinadora de Mediación en Guayas, de cada 10 casos en que el demandado y el denunciante se sientan a dialogar, en nueve llegan a un acuerdo.

En el último año las estadísticas muestran una rebaja de casos ingresados en Mediación. La funcionaria justifica esta situación con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que establece la conciliación entre las partes durante la audiencia.

Sin embargo, el año anterior hubo un evidente crecimiento en la aceptación de las personas a sentarse a dialogar. De 50,78% que se registró en 2016, subió a 67,47% en 2017, explicó.

Además delimitaron ciertos aspectos que no pueden resolver, por ejemplo la tenencia de niños, porque “verificamos que es importante un informe técnico y un estudio, que solo lo efectúan las unidades especializadas”.

Tampoco median en casos de violencia. “Todo lo relacionado con asuntos penales no es una materia transigible de mediación”, agregó.

Mora dijo que atienden un promedio de cinco denuncias diarias por mediador, las que se agendan después de la revisión de cada caso. (I)