Los familiares del equipo periodístico secuestrado en la frontera colombo-ecuatoriana y asesinado en cautividad por una disidencia de las FARC denunciaron que Ecuador quiere evadir la responsabilidad en el caso para tapar negligencias.

"Estamos convencidos y seguros de que las teorías de las autoridades sobre el caso son para deslindarse de las responsabilidades, lo que forja el camino a la impunidad", manifestó en una rueda de prensa Yadira Aguallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, uno de los integrantes del equipo del diario El Comercio.

La comparecencia en la que participaron varios familiares de los periodistas, se produjo a la luz de las recientes afirmaciones del procurador del Estado, Íñigo Salvador, en una audiencia en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El defensor del Estado ecuatoriano dijo en esa oportunidad que tanto el secuestro como el asesinato se produjo en territorio colombiano, mientras que Colombia defendió que la captura fue en el lado ecuatoriano de la frontera.

También afirmó que Ecuador no veía "ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica" para ampliar el tiempo de duración de la misión de expertos de la CIDH, y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al país a raíz del caso.

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado, adelantó que el trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, cuya misión concluye el próximo 31 de diciembre, no contendrá recomendaciones ni mecanismos destinados a encontrar la verdad.

Argumentó que las Fiscalías de Ecuador y Colombia no aportaron toda la información necesaria para poder esclarecer el caso y que deberían "tomarse el tiempo necesario para elaborar un informe final que realmente sea contundente, y no con las medidas superficiales para terminar con las medidas cautelares".

Las medidas de protección fueron interpuestas a ambos Estados por la CIDH el 12 de abril, cuando no se conocía aún que el equipo periodístico había sido asesinado y estipulaban la entrega de toda la información para el esclarecimiento del caso y la adopción de nuevas medidas para la seguridad de los periodistas.

Respecto a la afirmación del Gobierno ecuatoriano de que los hechos se produjeron en suelo colombiano, los familiares insistieron en que el secuestro no se inició en el momento en que se informó del mismo, y que los periodistas entraron en la zona fronteriza bajo la autorización de las autoridades.

"La pregunta no es si cruzaron o no cruzaron a Colombia, el tema es que un secuestro se inicia en la preparación del engaño. Llamaron a la autoridad militar para preguntarle si era seguro pasar, pusieron sus vidas en manos del Estado, ese es un detalle fundamental", aclaró Aguallo.

Censuró además que Colombia "tampoco ha querido aceptar su responsabilidad política en el tema, que no tenía ninguna medida de seguridad en el área, tampoco ha querido aceptar que tenía unas condiciones de abandono históricas en el otro lado de la frontera".

Galo Ortega, padre del reportero asesinado Javier Ortega, se mostró "lastimosamente indignado" por las declaraciones de Salvador, que juzgó como una "tortura psicológica" que le lleva a plantearse iniciar una huelga de hambre para protestar por lo que considera un abandono del caso por parte de las autoridades.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra desaparecieron el pasado 26 de marzo en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en la zona.

El 13 de abril las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato del equipo de prensa y lo atribuyeron al frente "Oliver Sinisterra", grupo armado disidente de las FARC, y liderado por Walter Patricio Arizala, alias "Guacho". (I)