A los dos juicios que deberá enfrentar en los próximos días el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo R., por el secuestro al político Fernando Balda y por peculado en el caso Caminito, se les suman otros procesos judiciales.           

El exfuncionario, quien fue extraditado desde España hace ocho días y que espera ser trasladado del Centro de Detención Provisional de Pichincha a la Cárcel 4 en las próximas horas, tiene varias denuncias presentadas en la Fiscalía, pero al menos cinco se podrían reactivar.

Pablo R., quien fue subsecretario y secretario Nacional de Inteligencia entre noviembre de 2011 y marzo de 2014, a inicios de la Revolución Ciudadana (RC), fue el hombre a cargo de la junta administrativa del fideicomiso que coordinó la construcción de la central hidroeléctrica Baba.

La justicia ya lo llamó a rendir cuentas por este caso que se lo llamó Odebrecht y Hacking Team, y en enero de 2017 el entonces fiscal general Galo Chiriboga solicitó su detención con fines de investigación por peculado. La investigación se suspendió en abril de ese mismo año, pero podría reactivarse.

Según documentos revisados en 2008, Gustavo Texeira, de Odebrecht, entregó a Pablo R. $ 600 mil (que en clave llamaron llantas).

Otro de los casos por el que Pablo R. está denunciado tiene relación con la compra de equipos de espionaje. Durante el año 2013, la Senain realizó la contratación de varios de los mencionados equipos a la compañía 500 Smart Solutions LLC, empresa dirigida por Gabriel Guecelevich.

Senain no cumplió con los procedimientos de contratación pública. El titular de la Senain informó a Guecelevich (especializado en vender sistemas de seguridad a gobiernos que quieren espiar a sus ciudadanos), la decisión de la Secretaría de adquirir el referido equipamiento por la suma de $ 526.500.

El exasambleísta Galo Lara, quien estaba refugiado en Panamá era tan peligroso para la seguridad del Estado ecuatoriano que la Senain destinó $ 7,1 millones para vigilarlo y lograr su extradición en 2014. Lara dijo que esta operación se llamó Goliat y anunció que presentará una nueva demanda.

Una cuarta denuncia que está pendiente es la relacionada con la Operación Hotel, en la que el Ecuador gastó $ 5 millones para proteger y espiar a Julian Assange.

La Secretaría de Inteligencia montó cámaras de seguridad, investigó a las visitas y mantuvo un control cercano del hacker que estuvo exiliado en la embajada de nuestro país en Londres desde 2012 al 2018.

Otra denuncia penal pendiente es la presentada por el activista político Fernando Villavicencio en noviembre de 2018, por robo calificado contra 46 funcionarios del gobierno pasado, entre ellos el expresidente Rafael C. y Pablo R.

Villavicencio sostuvo que en el allanamiento que se realizó a su casa el 26 de diciembre de 2013, el cual sostiene fue ordenado directamente por el exmandatario, se dio un robo de información que mantenía en sus computadoras.

A esas denuncias se suma el denominado caso Hermes, a través del cual se utilizaron $ 241.000 para recabar datos sobre operaciones desestabilizadoras del gobierno y para pagar encuestas.

Además está en trámite el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a la verificación física y utilización de los equipos tecnológicos de interceptación en la Senain y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.

La auditoría revela varias irregularidades en el uso de equipos, usados de manera arbitraria, sin registros ni inventarios, durante el gobierno de Rafael Correa.

Stalin Oviedo, abogado de Pablo R., aseguró que los procesos en contra del exfuncionario correísta demuestran actos de persecución política. Insistió en el pedido de que su cliente sea trasladado a la Cárcel 4. (I)