Con el nombre de Archivos del Terror se conocen los aproximadamente 700.000 documentos que en el año 1992 encontró el activista y defensor de los derechos humanos Martín Almada, con el auxilio del juez José Agustín Fernández, en Lambaré, ciudad vecina a la capital de Paraguay.

En esos documentos se registran no solo los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de los opositores al gobierno del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, sino también, de acuerdo con el Plan Cóndor, los intercambios de información entre los aparatos represivos de las dictaduras que gobernaban en los años 70 en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Los Archivos del Terror, además de otros documentos desclasificados en Argentina, Chile y Estados Unidos, han permitido establecer que estos crímenes fueron actos de ejecución de un terrorismo de Estado perfectamente diseñado en Estados Unidos para controlar a la población civil. Sus ejecutores, la Policía y Fuerzas Armadas, ideologizados en la doctrina de la seguridad nacional, entendían que luchaban no contra el enemigo convencional de origen extranjero, sino contra uno que se encontraba dentro de las fronteras, un “enemigo interno”.

Un capítulo más para la historia universal de la infamia, un caso más que refleja la banalidad del mal...El proceso de ideologización de la Policía y de las FF.AA. en la doctrina de la seguridad nacional tenía lugar en la Escuela de las Américas, un establecimiento que el Ejército de los Estados Unidos mantuvo hasta 1984 en la zona del Canal de Panamá. De acuerdo con esta doctrina, el enemigo ya no sería un ejército extranjero claramente identificado e identificable, sino que podría encontrarse en el interior, camuflado en cualquier ámbito social, en el trabajo, en la universidad o dentro, incluso, de la propia familia.

Se trataba, en el contexto de la “guerra fría”, de involucrar a las Fuerzas Armadas en una guerra interna contra los partidos políticos, organizaciones o movimientos que pudieran favorecer o apoyar al comunismo.

La doctrina de la seguridad nacional se constituyó en el instrumento de los aparatos represivos internos que justificaba cualquier atrocidad. Bajo su amparo, la Policía y las Fuerzas Armadas no solo de las dictaduras del Cono Sur sino también de otros gobiernos autoritarios, perpetraron toda clase de crímenes. Pero, sin duda, fue en Argentina, Chile y Uruguay donde se cometieron los peores, donde se manifestaron con mayor crueldad los extremos a que en su maldad puede llegar el ser humano.

Solo en ese contexto de perversión y degradación moral propiciado por la doctrina de la seguridad nacional fue posible, por ejemplo, como ocurrió en muchos casos,  que se asesinara a una madre gestante después de que hubiera dado a luz en cautiverio para que uno de los asesinos se quedara con el recién nacido.

Hay un caso en particular del que deja constancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 24 de febrero de 2010 (caso Gelman vs. Uruguay) que afecta al hijo y la nuera del poeta Juan Gelman. María Claudia García Iruretagoyena, argentina, y su esposo Marcelo Gelman fueron detenidos  en agosto de 1976 en Buenos Aires por militares uruguayos y argentinos. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de 7 meses.

En octubre de ese año fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a una niña que se quedó un policía uruguayo que la registró con su esposa como hija propia. Los padres se encuentran desaparecidos.

Solo 30 años después la nieta de Juan Gelman pudo recuperar su identidad y enterarse que quienes ella creía que eran sus padres biológicos eran, probablemente, los asesinos de los verdaderos. No sabemos cómo fue su niñez y adolescencia, ni sabemos cómo fueron sus relaciones familiares, pero sí sabemos que esos falsos padres sabían que esa recién nacida, que esa niña, después adolescente y hoy adulta, era la hija de unos padres asesinados por un régimen del cual eran cómplices. No sabemos si durante todo ese tiempo pensaron alguna vez en eso, y si alguna vez lo hicieron, cómo podían dormir.