El Consejo de la Judicatura (CJ) y los representantes del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) establecieron una agenda de trabajo para mejorar la gestión de los juristas en el patrocinio de causas.

Durante una conferencia de prensa, que se realizó hoy en Quito (Pichincha), Gustavo Jalkh, presidente del CJ y una comisión del CAP anunciaron varios acuerdos, entre ellos,  la implementación de ventanillas universales de atención para recibir los escritos de las causas, independientemente de la unidad judicial donde se tramite su proceso.

Para esto, la Judicatura se encargará de la distribución de los documentos a las unidades judiciales correspondientes y con ello se optimizará el tiempo y el recurso humano.

Según informó el Consejo de la Judicatura, las ventanillas funcionarán desde el 28 de febrero en 3 puntos de Quito ubicados en las calles El Telégrafo y Shyris, otro en la avenida Amazonas y República (frente al CC El Jardín); y el tercero en la calle Manuel Larrea (centro de Quito).

Otra implementación será la capacitación para que los juristas conozcan sobre las notificaciones judiciales, a través de los casilleros físicos y los casilleros electrónicos. Desde el 18 de febrero, la Judicatura implementarás Mesas de Ayuda Tecnológica, las cuales brindarán capacitación a escala nacional en el uso de casilleros digitales.

Así mismo, el CJ dispuso que los abogados puedan usar tanto la credencial del Foro de Abogados o las credenciales de los colegios profesionales. Las direcciones provinciales notificarán de esta decisión a los jueces. 

Por otro lado, Jalkh desmintió las afirmaciones de un dirigente del CAP, quien aseguró que el CJ abrió 500 expedientes en contra abogados en libre ejercicio.

“En el periodo 2013-2014 la Judicatura sancionó en Pichincha a un solo abogado, por pedido de su cliente”, dijo, descartando  una persecución a los juristas.

Destacó que los jueces tienen competencia para aplicar sanciones cuando hay mal comportamiento o inasistencia de un abogado a una audiencia pública, pero aclaró que los administradores de justicia deben respetar las 72 horas que tienen los profesionales del derecho para justificar su ausencia en casos de fuerza mayor.