Ecuador y Colombia comparten una frontera de 586 kilómetros, larga, porosa, difícil de controlar y plagada de irregularidades y de actividades ilegales como narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, tráfico de personas y armas, entre otros.

Así la describió Miriam Estrada, asesora de Derechos Humanos por la Dirección de la ONU y parte del Comité contra el Terrorismo.

“Los males que nos agobian no son por la debilidad del sistema de defensa en las fronteras, ni falta de recursos económicos, humanos o de infraestructura, ni la violencia, sino por la corrupción”.

Estrada asistió ayer al foro internacional “Problemática Frontera Colombo-ecuatoriana”, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

La representante de la ONU manifestó que Ecuador debe tomar tres decisiones: tener la voluntad política para identificar los problemas; la lucha contra la corrupción y establecer compromisos con la comunidad internacional.

“El éxito se consigue no con declaraciones, sino con acciones... Esta no es una guerra contra el terrorismo, es contra el crimen transnacional organizado, fundamentalmente contra la corrupción y el narcotráfico”.

Consideró que por eso esta realidad es más difícil de combatir, porque ataca no solo con fuerzas irregulares en frontera, sino desde el propio territorio. “Mantener seguras las fronteras terrestre, marítima y aérea del país, debe ser prioridad del Estado”.

Plan Integral de desarrollo
María Paula Romo, ministra del Interior, expuso que en 2018 se aprobó el Plan Integral de desarrollo en la frontera, para el cual se contempla un presupuesto de $ 500 millones hasta 2021.

“El plan se enmarca en estrategias de largo plazo, pero tiene metas de dos años (no las especificó). Aquí no solo se trata de las Fuerzas Armadas y policiales, sino de la educación, salud, empleo y oportunidades”.

La funcionaria manifestó que al cumplirse un año del estallido de una bomba en el cuartel de San Lorenzo (Esmeraldas), este ya fue restaurado y reinaugurado.

Anunció además la creación de una zona especial de seguridad fronteriza “en Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura. Tendremos generales dedicados a la seguridad de manera diferenciada”.

Romo precisó que en esas provincias hay 4.715 agentes en 193 unidades fijas de policía: 33 en Carchi; 85 en Esmeraldas; 40 en Imbabura y 35 en Sucumbíos.

Entre grandes productores

Romo resaltó que Ecuador se encuentra ubicado entre los dos mayores productores de coca y cocaína.

“En los últimos dos años se incrementaron 45.000 hectáreas de siembra de coca en Nariño y 29.000 en Putumayo (territorios colombianos)”, informó.

Agregó que existe un sistema de registro de información delictiva combinado con Colombia.

Según esos datos, hubo un aumento de muertes violentas en la zona de frontera.

En un mapa compartido, sin línea divisoria entre países, se determinó que en 2018 la tasa de crímenes fue de 365 muertes por cada 100.000 habitantes. El año anterior fue de 257.

“Se han ampliado las industrias ilegales y la economía vinculada con la minería ilegal, deforestación, tala de bosques, tráfico de fauna y flora. Estos son fenómenos que se han mantenido pero están ocultos por el narcotráfico”, sostuvo la funcionaria.

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, indicó que los grupos van mutando según los intereses económicos. “Hay 17 organizaciones identificadas en Colombia por el mismo Gobierno y se benefician de diversos intereses”.

Francisco Barbosa, alto comisionado presidencial en Derechos Humanos de Colombia y asuntos internacionales, manifestó que la única alternativa para avanzar en la seguridad fronteriza es el trabajo conjunto entre las dos naciones.

“Llegaremos a territorios donde históricamente no se ha arribado, con fuerzas públicas, militares y policías, pero también con educación, salud y polideportivos”. (I)