A 8 años 23 días de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), la Fiscalía General del Estado determinará si se abre una nueva investigación.

Esta tiene que ver con la actuación que tuvieron 204 jueces y 42 fiscales, en 51 procesos legales que se ejecutaron a nivel nacional como consecuencia de los hechos de aquel día.

Acompañada de los dirigentes del colectivo Asociación Víctimas 30 de Septiembre, Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), acudió este martes 23 de octubre a la Fiscalía General para presentar la denuncia contra los 246 servidores judiciales.

Aragundi indicó que tras dos meses de investigación, determinó que la mayoría de casos relacionados con el 30-S fueron reabiertos varios años después y judicializados sobre la base de videos y audios que fueron “manipulados, editados y sin cadena de custodia como manda la ley”.

Para Aragundi, a partir del juicio político en contra del exfiscal general, Carlos Baca Mancheno, quien también fue presidente de la Comisión integrada por el anterior Gobierno para investigar el 30-S, fue notorio que los instrumentos de prueba e indicios que se utilizaron como tales fueron alterados.

Aquello lo ratificó la Contraloría General en su informe sobre el 30-S -dijo- al recordar que se trataba de audios y videos manipulados, editados por una editora particular contratada y que fueron aprobados y utilizados por los operadores de justicia.

Pese a que los jueces y fiscales conocían de estas irregularidades, la gran mayoría de los procesados fue sentenciada, presumiéndose el cometimiento de delitos por parte de varios funcionarios judiciales, afirmó la vocal.

La funcionaria, quien aseveró que será la Fiscalía la que determine el tipo de delito cometido, espera que los jueces y fiscales involucrados en estos hechos sean investigados, y de encontrarse elementos de convicción que hagan presumir su participación en el cometimiento de algún delito, “sean judicializados y, de ser el caso, condenados de acuerdo a la norma jurídica aplicable”.

“La justicia tarda, y cuando tarda no es justicia, pero este Consejo de la Judicatura y mi vocalía se han preocupado en resarcir este daño y señalar a los responsables”.

Prevaricato sería el delito

Para Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas 30 de Septiembre, con la denuncia presentada este martes 23 de octubre, se inicia el verdadero proceso de la búsqueda de la verdad y la justicia.

Tras calificarlo como un hecho histórico, consideró que uno de los delitos cometidos por los operadores de justicia denunciados es prevaricato.

Juan Estévez, uno de los afectados del 30-S, reveló que fue sancionado con la separación del cargo, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por no haber acudido al Hospital de la Policía Nacional, la tarde del 30 de septiembre de 2010, a respaldar al entonces presidente Rafael Correa.

Indicó que cerca de las 13:00 de ese día, la disposición de sus superiores fue que todos vayan a respaldar, pero él no lo hizo porque tenía que retirar a su nieta de la guardería del ministerio.

“Es injusta la sanción que ordenó la entonces ministra y eso causó un grave daño a mi familia, me dejó sin el sustento diario”.

Estévez es uno de los sancionados por los hechos del 30-S. Se investigó a 298 personas; 222 de ellas fueron declaradas culpables y apelaron. 50 quedaron encarceladas con sentencias en firme; hoy solo dos siguen cumpliendo las penas impuestas

La Fiscalía abrió 74 expedientes que dieron paso a sentencias en 49 procesos y 222 personas encontradas culpables por delitos como paralización de servicios públicos, sabotaje, terrorismo, intento de magnicidio, homicidio, rebelión, sedición, insubordinación, atentado contra la seguridad interior del Estado, destrucción de bienes públicos, entre otros.

Caso Froilán Jiménez se reactivó

Hace dos meses, la Contraloría abrió un examen para indagar el dinero usado para posicionar mediáticamente el 30-S, y Fiscalía reactivó la investigación por la muerte del policía Froilán Jiménez.

En el primer caso, el trabajo se mantiene en reserva y aún no hay anuncios, mientras que en el segundo al momento hay dos militares investigados (Wilson R. y Vicente N.) contra quienes se formuló cargos.

El fiscal Fabián Salazar, quien estaba al frente del caso, pidió que se vincule también al expresidente Rafael Correa y a Javier Ponce, exministro de Defensa, pero el nuevo fiscal de la causa, José Maldonado, dejó sin efecto el pedido.

A criterio del nuevo fiscal, lo solicitado por Fabián Salazar, carecería hasta el momento de sustento legal y jurídico. Según Salazar, se encontraron 26 elementos de convicción que le hacían pensar que se debía investigar en la instrucción fiscal a las dos personas mencionadas que gozan de fuero de Corte.

Al momento se esperan las nuevas diligencias que emita Maldonado. (I)