El fiscal José Maldonado solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, desclasificar (levantar la reserva) de toda la información referida sobre la operación Rescate, efectuada el 30 de septiembre de 2010, para la liberación del exjefe de Estado Rafael Correa.

En el impulso fiscal emitido con fecha 11 de diciembre, que se lo pudo conocer este lunes 17 de diciembre, Maldonado precisa que el único propósito de la solicitud es esclarecer el fallecimiento del expolicía Froilán Jiménez.

El mencionado fiscal, quien está a cargo de la investigación de este caso, en su impulso dispone oficiar el pedido y recuerda que anteriormente se lo ha hecho por 15 ocasiones a tres instancias del Estado, sin tener respuesta favorable.

De acuerdo al expediente de esta causa y en forma cronológica, el pedido se lo hizo al Ministerio de Defensa o a su titular en 9 ocasiones: el 9 de agosto de 2011; 28 marzo de 2012; 7 de junio de 2013; 26 junio de 2013; 1 de octubre de 2014; 6 abril de 2017; 12 octubre de 2018; 19 noviembre de 2018 y 23 noviembre de 2018.

Cuatro veces el pedido fue dirigido al Consejo de Seguridad Pública y del Estado: el 14 de noviembre de 2016; 3 de febrero de 2017; 19 de noviembre de 2018; y 28 de noviembre de 2018.

Mientras que al Presidente de la República en dos ocasiones: el 15 de octubre de 2018 y el 23 de noviembre de 2018. La de ahora es la tercera ocasión.

El fiscal Maldonado recordó que este caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal hasta el próximo 10 de enero, por lo que “la información solicitada se deberá remitir antes de que fenezca la presente investigación”.

Ya no se investiga ejecución extrajudicial

La investigación que se inició por el presunto delito de ejecución extrajudicial, desde el 10 de diciembre pasado cambió a asesinato, luego de que la jueza Lucía Cevallos aceptó la reformulación de cargos.

El artículo 140, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se refiere a cuando la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. La pena privativa de libertad registrada para un asesinato en estas circunstancias es de 22 a 26 años.

Al momento los procesados en esta causa son el teniente coronel del Ejército Wilson R. y el mayor del Ejército Vicente N.

Para la reformulación, la Fiscalía presentó como elementos los informes periciales balísticos de varias armas, el informe pericial de identidad de los militares procesados, la reconstrucción de los hechos y versiones de periodistas.

Maldonado descartó que esta reformulación sea para ganar tiempo, y dijo que la misma está enmarcando las cosas de una manera legal para que se analice de forma jurídica la participación de las personas a las que inicialmente se les formuló cargos por ejecución extrajudicial. No descartó el fiscal que en este caso se puedan dar nuevas vinculaciones.

Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, indicó en declaraciones anteriores que no le preocupa la reformulación de ejecución extrajudicial hacia el delito de asesinato, debido a que en ambos delitos las penas van de 22 a 26 años.

Consideró que de la misma forma, la decisión de cambiar de tipo penal no implica que el Estado deje de ser responsable por lo que ocurrió.

Lo que sí le preocupa es la falta de colaboración del Ministerio de Defensa Nacional para remitir la información solicitada sobre el caso y advirtió que de continuar esa actitud podrían existir en lo posterior responsabilidades penales.

El pedido del fiscal Maldonado de reformular cargos se dio el 3 de diciembre pasado, un día antes de que concluyeran los 90 días de instrucción fiscal por el delito de ejecución extrajudicial. (I)