María Paula Romo, ministra de Gobierno, calificó como positiva la reunión que realizó este jueves
24 de septiembre, con Silvia Lozano, interventora  de  Depósito Centralizado de Valores (Decevale).

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad, en Guayaquil para conocer cuáles son las garantías, los instrumentos, las obligaciones, los títulos y qué es lo que tiene esa institución en custodio dentro de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policías (Isspol).

Esta es parte de las intervenciones que lidera el Ministerio de Gobierno, junto a la administración de Isspol, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en inversiones efectuadas por el Isspol entre 2014 y 2017, tiempo en el cual se habría identificado una estafa por alrededor de $ 532 millones a los fondos de dicha institución de seguridad social.

"Nosotros le hemos entregado todos los antecedentes que le pedimos a Decevale. Le pedimos
que nos entregue nuestro portafolio", dijo.

Romo recordó que en ocasiones anteriores, Decevale entregó información contradictoria que no
coincidía, por eso se pidió a la Superintendencia de Compañías que interviniera.

"Hemos recibido el compromiso de la señora interventora de entregarnos los documentos de
nuestro portafolio. Eso es lo legal, lo justo saber qué tiene Decevale en su custodia", garantizó la
Secretaria de Estado.

Decevale tiene que presentar un informe, dijo Romo, pero advirtió que solo con la presentación
del portafolio se podrá conocer cuál es la situación del Isspol. Dicha información tendrá que
presentarse en un plazo de tres días.

"Solamente con la información del portafolio vamos a poder dar un paso importante, vamos a
pedir que en los documentos que en el portafolio constan como bonos del Estado ecuatoriano
sean transferidos a nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador", explicó.

La reunión contó con la presencia de Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional.

El General añadió que la reunión se efectuó para cumplir con un trámite de transparencia. Reiteró
que tienen perfecto conocimiento de a quiénes están enfrentando y que no solo se trata de
personas ambiciosas, que omitieron las políticas de un gobierno corporativo como es Isspol.

Advirtió que en estos contratos hay la participación de personas con estatus que, con economía
criminal, actuaron de una manera muy similar a los que es el crimen organizado.

Cometimiento del delito en tres niveles

En declaraciones a 24 Horas, Romo advirtió que tras una minuciosa intervención se detectó este hecho.

Reconoció que no es inusual que Isspol busque inversiones de corto, mediano y largo plazo, pero si fue extraña esta negociación, ya que en esta ocasión, la empresa buscó directamente a Isspol, algo que no es común.

La funcionaria advirtió que hay que determinar responsabilidades en tres niveles.

Primer nivel: dentro de Isspol, deberá responder personal civil y policial que tenía que haber manejado con criterios específicos estas inversiones.

Puso como ejemplo, las irregularidades en el contrato denominado Swap, en donde no constan los nombres de los comparecientes, de los que firman el contrato, tampoco se adjuntaron los nombres de los representantes de la comprobación legal de las empresas participantes.

Segundo nivel: el mercado, los que hacen las inversiones, entre ellos el empresario Jorge Oswaldo Cherrez Miño y quienes hayan participado en cualquiera de estas investigaciones. También Decevale, que cumplió funciones que no estaban enmarcadas a la ley.

Tercer nivel: autoridades de control como es la Superintendencia de Bancos.

Romo añadió que se solicitó además un informe para conocer si es que hubo intervenciones previas de control y alertas.

Ayer, dijo, se conoció que en 2017 hubo una comunicación al superintendente de ese entonces, Christian Cruz, con los cuales le alertaron sobre posibles irregularidades en un par de operaciones. (I)