El juez Rodolfo Navarrete, de la Unidad de Flagrancia, dispuso medidas en contra de los dos ciudadanos detenidos la noche del viernes 30 de junio en un operativo que forma parte de las investigaciones del caso Odebrecht. 

El magistrado determinó  el arresto domiciliario, enajenación, incautación de bienes e inmovilización de cuentas de Ramiro Fernando C. C., exgerente de Transporte de Petroecuador.

Así también el juez dictó prisión preventiva e incautación de bienes y de paquete accionario de las compañías de Diego Francisco C.G. 

La noche del viernes 30 de junio, la Unidad de Inteligencia en Apoyo a la Fiscalía (UIAF) de la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ), continuado con las Investigaciones del caso Odebrecht, ejecutó la Operación Brasilia Fase III, en la que se detuvo a los ecuatorianos Ramiro Fernando C.C. y Diego Francisco C.G., investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento no justificado.

Dentro de las acciones policiales se realizaron dos allanamientos en domicilios del norte de la capital, en los que también participaron 150 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), la Unidad de Lavado Activos (ULA), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Criminalística, en coordinación con Diana Salazar, fiscal que investiga el caso.

Las investigaciones realizadas por los agentes UIAF y la Fiscalía habrían determinado que Ramiro Fernando C. C., como gerente de Transporte de Petroecuador fue suscriptor del contrato Pascuales-Cuenca entre Petroecuador y la empresa Constructora Norberto Odebrecht, por un valor de $ 370 millones.

Según los informes de la Fiscalía, registraría “varios movimientos financieros inusuales a nivel nacional y en el exterior. Ramiro C., al conocer las primeras acciones operativas de este caso, habría presentado una declaración de liquidación conyugal para evadir sus tributos al Estado, sin cambiar su estado civil de casado”.

En el segundo allanamiento fue aprehendido Diego Francisco C.G., quien sería accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran en disolución. Sus registros tributarios muestran un valor aproximado de $ 2 millones, que no se encuentran debidamente justificados. En el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta como intermediario de empresas consideradas ‘off shore’ o compañías de papel constituidas en Panamá.

En los allanamientos de los inmuebles de los dos ciudadanos detenidos se encontró documentación financiera sobre el tema de Odebrecht y de las personas que anteriormente fueron detenidas en la Operación Brasilia Fase I, como cuentas bancarias, claves y transferencias de cuentas en el exterior, especialmente en bancos establecidos en Curazao, Panamá y Bélice.

Dentro de los indicios encontrados se encuentra dinero en efectivo, lote de joyas, cheques, transferencias y claves de cuentas en Curazao, Panamá y Bélice, equipos de computación, teléfonos celulares, televisores, entre otras pertenencias. (I)