El Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría y la Fiscalía General del Estado serán las instancias donde se definirá la compensación económica que debe pagar la constructora brasilera Odebrecht al Ecuador, por los daños ocasionados a causa de la trama de corrupción que implementó y utilizó en el país.

Esto, luego de que el Estado ecuatoriano dio por terminadas las negociaciones, porque hubo una intención de la compañía de coaccionar o coercionar, algo que no estamos dispuestos a tolerar, dijo el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

Reveló que el nuevo representante de Odebrecht en el Ecuador, en cartas enviadas en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 puso cuatro condicionamientos para llegar a acuerdos.

Primero, que Odebrecht debía recibir de vuelta los fondos que, por orden judicial, le habían sido retenidos por parte del Estado, por alrededor de $115 millones.

Segundo, que con cargo a ese monto, se le autorice descontar con el SRI las obligaciones tributarias pendientes, así como otros compromisos adquiridos con proveedores; entre ellos, el pago a los abogados que le patrocinaron en la negociación del acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía.

Tercero, que lo que quedara de saldo, sería la indemnización al Estado. En los cálculos de la Procuraduría, hasta $ 70 millones. Y cuarto, que la constructora pueda participar nuevamente como contratista del Estado ecuatoriano. “Si estas condiciones no se cumplían, Odebrecht sostenía que podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano”, subrayó.

Para Salvador, “las intenciones de Odebrecht no eran de conversar sino de imponer”, al tiempo de recordar que las negociaciones con la empresa iniciaron el 10 julio de 2019 y se dieron al más alto nivel en dos reuniones.

Una tercera que no se pudo realizar estaba convocada para el 16 de octubre, pero por las violentas protestas indígenas que soportó el país y particularmente por el incendio de la Contraloría y la pérdida de documentación, no se pudo efectuar.

Constructora debe solucionar sus problemas por separado

El Procurador del Estado aclaró que ahora le corresponderá a Odebrecht enfrentar y responder ante las autoridades y órganos competentes por sus obligaciones, según el orden de competencia de esas autoridades.

Respecto de lo tributario con el SRI; sobre sus obligaciones contractuales con el Estado y glosas deberá enfrentar a la Contraloría; y en cuanto a los hechos ilícitos y delitos por los sobornos, con la Fiscalía. “A la Procuraduría le corresponde velar por los intereses del Estado ecuatoriano en el ámbito de sus competencias”, señaló.

En respuesta a lo manifestado por Íñigo Salvador, Odebrecht emitió este viernes 23 de mayo de 2020 un comunicado en el que no se refiere a los condicionamientos que ha puesto para negociar, y añade que “en caso de que el Estado ecuatoriano decida retomar los diálogos, la empresa se encontrará siempre a su disposición y realizará todos sus esfuerzos para alcanzar dicho acuerdo”. (I)