“¿Dónde quedan mis derechos? ¿Quién me garantiza que Víctor Hugo C. R. no le hará lo mismo a mí o a otra mujer?”. Así plasmó en una carta Daniela Nicole A. A. cuando conoció que el juez Diego Meléndez, dejó en libertad a su expareja.

El 13 de marzo último, Daniela sufrió una agresión física por parte de quien era su conviviente e integró la agrupación Sudakaya.

La joven ingresó al hospital con fractura en el tabique e intento de asfixia. El individuo fue detenido.

El pasado martes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares.

El magistrado dispuso la presentación periódica ante un juez mediante vía telemática, dentro de las medidas previstas por la emergencia sanitaria por covid-19. 

La carta que escribió Daniela expresó su indignación porque en la diligencia se observaron algunas situaciones.

Una de ellas fue que no quedó garantizada la seguridad física de la víctima. “Hay el riesgo de que el agresor la busque”, dijo Iván Valenzuela, su abogado.

Cristina Almeida, representante de Nina Warmi, organización que apoyó a la joven, enumeró otro “nudo”.

Explicó que el delito fue calificado en flagrancia y que el juez debía fijar la audiencia en 10 días, algo que no ocurrió y luego se dieron medidas sustitutivas.

“El maltrato a Daniela fue sistemático. El delito que debía tipificarse fue intento de femicidio, pero lo calificaron como violencia intrafamiliar”, manifestó.

Otro cuestionamiento fue la orden de salida de Roberto Veloz Navas, delegado del Defensor del Pueblo.

Veloz advirtió que desde lo jurídico constitucional, la entidad debe vigilar el debido proceso “más aún en casos de violencia contra las mujeres”. 

El representante del Defensor en Pichincha advirtió que preparó un informe al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en donde detalla que no se le permitió ejercer la vigilancia en el caso.

Indicó que luego se generará una queja. “Vamos a enviar al correo de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura”, dijo. (I)