Han transcurrido apenas 6 años desde que la Defensoría Pública fue creada a través de un decreto emitido por el Presidente de la República, lo que le significa ser una de las instituciones públicas más jóvenes de Ecuador y Latinoamérica, no obstante, eso no ha sido impedimento para convertirse en la primera institución del sector justicia del país en obtener la Certificación ISO 9001.

Ernesto Pazmiño, defensor Público General, recibió la Certificación el pasado 24 de septiembre por parte de Carlos Strianese, subgerente de la firma Société Générale de Surveillance (SGS).

“El cabal cumplimiento de esta norma garantiza la entrega de un servicio oportuno, técnico, integral, continuo, eficiente y eficaz”, indicó Pazmiño, quien agregó que este es el segundo reconocimiento internacional que recibe el organismo, puesto que  en 2010 fue galardonado en Brasil con el premio a las mejores prácticas en los sistemas de justicia de las Américas.

“Con esto ustedes, al ser los primeros en el país y en Sudamérica, están abriendo un camino que es un compromiso para todo el sistema de justicia porque van a tener que seguirla y esto va a llevar a la excelencia a todos, a ustedes, a sus servicios y a quienes los reciben”, aseguró Strianese.

DATOS

El Modelo de Gestión de la Calidad ISO 9001 es un sistema gerencial para dirigir y asegurar ante la sociedad civil que una organización, privada o pública, entrega un servicio que cumple permanentemente con los estándares más altos de calidad.

La adopción de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, en este caso, es una decisión estratégica de la institución, pues contribuye a su sostenibilidad y eficacia.

La Defensoría Pública se creó en 2007 por Decreto Ejecutivo. En 2008 estuvo adscrita al Ministerio de Justicia, y desde 2010, por norma constitucional (Art. 191)  la Defensoría Pública del Ecuador es una institución autónoma de la administración de justicia, conformada por otros dos entes que son la Fiscalía y la Corte de Justicia.La Defensoría Pública obtiene esta certificación después de un rigoroso examen de auditoría, que reveló que el servicio de patrocinio penal en todas las etapas del proceso, cumple con estándares de calidad. “Hoy tenemos la suerte de ser ejemplo para otras instituciones. La ISO 9001 certifica que trabajamos con estándares de calidad en beneficio y satisfacción de los usuarios”, comentó Pazmiño.

Jorge Rojas Jara, director del Guayas de la Defensoría Pública, indicó que la institución ha  avanzado a pasos agigantados, puesto que en 2007 se inició funciones con 9 defensores cuando a la par habían 162 fiscales y otro número considerable de jueces; luego, relató, se aumentó el personal y para el 2012 ya contaban con 45 defensores; ahora hay más de 250 abogados.  

El trabajo de esa institución cubre las 24 provincias del país, pero el 60,54% de los casos atendidos se concentra justamente en Guayas y en Pichincha. “Es un número aceptable, aunque a veces nos dificultan nuestro accionar disposiciones de última hora, como sucedió con las creaciones de las unidades judiciales con jueces multicompetentes, puesto que no fuimos notificados de los cambios y tuvimos que planificar a última hora la debida cobertura”, señaló el funcionario, quien agregó que actualmente están instalados todos los turnos y están asignados los defensores en los diferentes complejos judiciales de la urbe.

En ese sentido, indicó que los defensores públicos también se han adaptado al sistema de multifunciones, esto es, que un mismo abogado puede intervenir tanto en un caso de tránsito como en uno laboral o penal.

Rojas resaltó, además, el hecho de que el número de casos por los que se registran audiencias de juzgamiento o preliminares fallidas, atribuidas a la inasistencia de defensores públicos es cero, y más bien las suspensiones se dan por otras razones como es la ausencia de fiscales, jueces, secretarios o testigos.

Estadísticas procesadas por la Defensoría Pública señala que 197.466 defensas penales han sido transferidas entre agosto de 2007 hasta abril de 2013.

De este total, el 48% corresponde a flagrancia y formulación de cargos, el 26,53% a investigación, el 14,50% a juzgamiento y 9,46% a casos de contravenciones penales y de tránsito.

El representante de la Defensoría Pública indicó que se está preparando el concurso de méritos y oposición para la selección de defensores públicos por parte del Consejo de la Judicatura, ya que actualmente todos los abogados y personal administrativo trabaja bajo contratos que son renovados anualmente.