La Contraloría inició un examen especial por el asilo que otorgó el Estado ecuatoriano al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Assange se encuentra desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres.

Y, según reveló en mayo del año pasado al diario  The Guardian, por esta decisión el Gobierno ecuatoriano pagó 4,2 millones de euros.

El 19 de diciembre, el contralor subrogante, Pablo Celi, notificó de esta investigación  al expresidente Rafael Correa y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además del asilo, también analizarán la naturalización de Assange.

El examen irá desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2018.

Según la Contraloría, se analizará si los procesos y actuaciones administrativas para el otorgamiento del asilo diplomático y naturalización se realizaron de conformidad al derecho internacional y nacional.

En 2014, Juan Falconí Puig, embajador ecuatoriano en Reino Unido, denunció que Assange jugaba fútbol y hasta patinaba en el reducido espacio interior de la sede ecuatoriana.

El año pasado, el Estado ecuatoriano solicitó al fundador de WikiLeaks que cumpliera con el protocolo que estipula normas de convivencia dentro de la sede diplomática.

De no acatar esas disposiciones le solicitaron que se entregue voluntariamente a la justicia británica con ciertas garantías por parte de Reino Unido, como que no será extraditado a un país donde rige la pena de muerte.

Assange interpuso una acción de protección por la decisión de la Cancillería. Sin embargo, el pasado 22 de diciembre, el Tribunal Provincial de Pichincha ratificó “la validez legal del protocolo especial”.

Según la Cancillería, ese documento fue emitido en octubre pasado para regular la convivencia en la Embajada de Ecuador en Londres.

El Estado ratificó que cumplió con sus responsabilidades, pero recordaron que el asilado tiene “obligaciones que cumplir y que deberá respetar escrupulosamente”. (I)