Bolívar Armijos, expresidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) y actual candidato a asambleísta Nacional por el Acuerdo Unión por la Esperanza (UNES) está señalado en presuntos casos de corrupción.

Según lo recoge un artículo de Periodismo de Investigación, Armijos (foto) habría conseguido recursos para pagar el cambio de versión del exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza, quien fue sentenciado por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

El 31 de agosto pasado, Chicaiza, desde Buenos Aires (Argentina), aseguró que había sido presionado para cambiar su testimonio en el juicio y acusar al expresidente Rafael Correa por el secuestro de Balda.

Sin embargo, salió a la luz, un audio que evidenció que el exagente recibió dinero proveniente de la minería y la tala ilegal en Esmeraldas, en el que estaría involucrado Armijos.

En declaraciones ofrecidas a Ecuavisa, el periodista Christian Zurita, titular de la investigación, detalló que el cambio de versión habría costado $ 250.000.

Hay otros hechos que involucran al candidato para asambleísta. La publicación detalló que un informe de la Contraloría General del Estado, aprobado en mayo de este año, recoge los hallazgos del examen a las operaciones administrativas y financieras del Conagopare entre enero de 2014 a junio de 2019.

Entre las principales novedades, el informe da cuenta de un convenio con el Ministerio del Ambiente para un programa de reforestación ambiental con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas por $ 29,1 millones. El propósito era para la restauración forestal de 35.506 hectáreas en 15 provincias.

La Contraloría encontró varias irregularidades, entre estas que el administrador del contrato no verificó la legalidad y autenticidad de las firmas, tampoco se realizaron inspecciones en vigencia a los convenios y se detectaron transferencias irregulares.

El organismo de control señaló que Armijos utilizó los recursos entregados por el Ministerio del Ambiente para adquirir un inmueble por $ 592.475.

Por último, el informe advirtió que ni la directora Nacional de Talento Humano y Presupuesto ni la contadora del convenio "realizaron el control de la documentación previo a realizar las transferencias, a fin de garantizar que estas estén destinadas a cumplir con el objetivo del convenio". Es decir, que la transferencia de ese monto se realizó "con un objetivo diferente al establecido en el convenio". (I)