El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregó las observaciones finales del informe presentado por Ecuador, entre el 8 y 9 de marzo del 2017, en Ginebra.  

El texto destaca las acciones para que el Estado ratificara todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la casi totalidad de sus protocolos facultativos, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Resalta además las medidas adoptadas para que en la Constitución se reconozca y garantice a las personas el derecho a la integridad que incluye la prohibición de la desaparición forzada.

La Constitución de Ecuador señala en el artículo 80 sobre las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado, las cuales serán imprescriptibles y ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. 

El Comité vio positiva la tipificación de la desaparición forzada como un delito autónomo, que establece su imprescriptibilidad tanto en la acción como en la pena y prohíbe el indulto o amnistía respecto del delito de desaparición forzada.

Destaca la responsabilidad que asumió el Estado para judicializar posibles casos de desapariciones forzadas, para lo cual, el Gobierno Nacional dispuso la creación de la Comisión de la Verdad en el año 2007, como mecanismo para esclarecer casos de violación de derechos humanos ocurridos en el país entre los años 1984 y 2008.

Con la Comisión de la Verdad se desarrollaron las investigaciones, se atendió a las víctimas y familiares de posibles actos de vulneración de derechos, resultados que se reflejaron en el Informe de la Comisión con 118 casos investigados y más de 450 víctimas.

El Estado visibilizó estos casos, ordenó su investigación para impedir la impunidad y promulgó la Ley de Reparación de las Víctimas para apoyar a las familias en una época dónde se invisibilizaron los derechos.

En lo referente a la capacitación en derechos humanos, el Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por el Estado, del trabajo que se desarrolla en esta materia con agentes del sistema penitenciario, funcionarios públicos, miembros policiales y militares.

Destaca la capacitación brindada a jueces, fiscales, defensores públicos con un capítulo destinado a temas de desapariciones forzadas.

El Comité alienta al Estado a continuar con las acciones emprendidas con familiares de víctimas de desapariciones.

En este sentido, desde el 2013, el presidente Rafael Correa, mantiene reuniones con familiares de personas desaparecidas, cada 6 meses, para conocer los avances de las investigaciones.

FUENTE: Tomado del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos