El 11 de marzo deberán comparecer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el fiscal general Galo Chiriboga, los ministros de Justicia y Cultura, Ledy Zúñiga y Francisco Borja, respectivamente; así como el director del Registro Civil, Jorge Troya, para que cumplan con el requerimiento de información pedido a través de la presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, sobre la Ley de Reparación de Víctimas por violación de derechos humanos.

Mauro Andino, presidente de esta comisión, explicó que en su debida oportunidad la presidenta de la Asamblea requirió información de estos funcionarios, pero “el único que cumplió totalmente fue el Defensor del Pueblo, el Fiscal lo hizo parcialmente, mientras que los 3 restantes no presentaron ninguna información”.

Así, Andino recordó que los funcionarios debían entregar la información requerida sobre la Ley de Víctimas para su reparación integral. “Esperamos que en los 15 días que dicta la ley los 4 funcionarios cumplan con este deber, porque si no comparecen en la fecha indicada sería la causa para sugerir, desde la Comisión, un juicio político”.

Otra posibilidad que planteó Andino es que en caso de que "tras la comparecencia, la mayoría de integrantes de la Comisión no se sientan satisfechos con lo expuesto por los funcionarios también podrían ser llamados a juicio. Pero si llegan a cumplir con sus obligaciones el proceso se podría archivar".

El legislador recordó que a la Fiscalía le correspondía la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas, así como la judicialización de los casos. En cambio, la obligación del Ministerio de Justicia era la expedición de un reglamento para establecer los procesos para la realización de acuerdos reparatorios.

A la Defensoría del Pueblo le correspondía la creación de un programa para la reparación de víctimas y colaboración con la expedición del reglamento. El Ministerio de Cultura debía crear el museo de la Memoria y el Registro Civil tenía a su cargo la modificación del registro de nacimiento respecto de los apellidos paterno y materno de los hijos que fueron inscritos en esta entidad como hijos de otras personas para precautelar su vida o integridad física en aquellas décadas donde existió tortura, agresiones, desapareció gente o perdieron la vida.

Andino sostuvo que con la comparecencia de los funcionarios aspira a que la Comisión de Justicia tenga los elementos necesarios para debatir y presentar el informe respectivo al Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre este proceso de fiscalización.