En enero de 2020, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) confiscó diferentes tipos de productos valorados en $ 6,4 millones. Según la entidad, el 51% de la mercancía correspondió a equipos electrónicos, cuantificados en $ 3,24 millones.

Otros artículos que pretendieron ingresar al país de manera fraudulenta fueron textiles ($ 1,07 millones), frutas y comestibles ($ 408.000); calzado ($ 420.000), entre otros.

Las cifras no son aisladas. Según estimaciones del Senae, cada año el país pierde alrededor de $ 400 millones en recaudación de impuestos y disminución del mercado de las empresas formales.

A eso se suma un análisis del Índice de Entorno Global de Comercio Ilícito de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que ubicó a Ecuador en el puesto 60 entre los 84 con mayor incidencia de contrabando a escala mundial.

Si bien el Senae ha implementado sistemas modernos y capacitación profesional al personal, todavía es necesario crear mecanismos que fortalezcan el control contra este delito.

Por ello se presentó el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.

Aun así, el proyecto de norma continúa a la espera de su análisis ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Gremios productivos como la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) han solicitado a la Comisión de Justicia, mediante oficios, que se acelere el trámite de este cuerpo legal.

El documento fue elaborado a partir de la unificación de los proyectos presentados por los asambleístas Héctor Muñoz y Juan Cristóbal Lloret para combatir el comercio ilícito.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) asignó el tratamiento de la norma a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Entre abril y junio de 2020 esta mesa legislativa recibió 51 comparecencias entre gremios productivos e industrias afectadas, así como funcionarios del Senae, de la Unidad de Delitos Aduaneros, ministerios, etc.

El artículo 58 de la Ley de la Función Legislativa dispone que el plazo de las comisiones para la expedición del informe del Primer Debate sea de 45 días, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 20 días como máximo.

Sin embargo, el proyecto de Ley está en la Comisión de Justicia desde el 8 de abril y hasta la fecha no se tiene el informe para Primer Debate.

En la sesión de la Comisión de Justicia del 30 de septiembre, el equipo asesor de la mesa presentó una propuesta para el tratamiento de esta normativa, la cual pasaría a ser una Ley Orgánica para reformar diversos cuerpos legales (Código Penal, Código de la Producción y la Ley de Comercio Electrónico, entre otros), en lugar de una Ley independiente para el combate al comercio ilícito y el contrabando.

La expectativa del sector productivo es que este cuerpo legal se tramite con prioridad para incrementar la recaudación tributaria del Estado y controlar la evasión.

El comercio ilegal se incrementó especialmente con los cigarrillos

La necesidad de que se analice esta norma, a decir de sus proponentes, es imperativa, especialmente si se toma en cuenta que en los dos últimos dos años se detectó un incremento de casos de contrabando, especialmente en las zonas de frontera.

El comercio ilícito de cigarrillos en Ecuador continúa en aumento y alcanzó máximos históricos al ubicarse en el 72,4% del mercado, según un estudio realizado por la firma MS Intelligence.

Mientras que el sector textil contabilizó evasión tributaria por $ 50 millones en 2019.
Entre 2018 y 2019 las incautaciones de productos del sector automotriz incrementaron de 12,8% a 23%.

Solo en enero de este año hubo seis mil operativos contra el contrabando, orientados principalmente a gasolina y gas, según el Ministerio de Gobierno.

Cerca del 35% de los productos cosméticos e higiene que se consumen en Ecuador son de contrabando.

El contrabando de cebolla proveniente de Perú cubre alrededor de un 60% de la demanda nacional. (I)