Una vez que la Contraloría entregó el informe con indicios de responsabilidad penal en el caso de contratación de insumos, entre ellos mascarillas, para el Instituto Ecuatoriano de Seguriad Social (IESS), la Fiscalía tiene los elementos para iniciar una causa penal.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, a través de la cuenta Twitter de la institución, mencionó que en el caso Mascarillas-IESS “se recabaron los elementos necesarios para iniciar un proceso cuando se retomen las actividades jurisdiccionales”.

El informe de Contraloría evidencia irregularidades en la compra de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección, lo que derivó en el desabastecimiento de material para enfrentar la pandemia, en las unidades del IESS a nivel nacional.

Además, se establece que Miguel Ángel Loja, exdirector general del organismo, declaró en emergencia a las dependencias de salud del Instituto, aunque es competencia exclusiva del Consejo Directivo.

Loja también suscribió una orden de compra por $ 9,4 millones, lo que excedió sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta $ 7 millones a ese nivel jerárquico. Tampoco informó al Consejo Directivo de la entidad sobre la compra.

El reporte muestra que, a pesar de que en el sistema nacional de contratación pública se encuentran registrados más de 10.000 proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, se adjudicó a la empresa Almantop S.A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas.

En el proceso participaron 20 empresas, de ellas, siete enviaron sus ofertas sin incluir las especificaciones técnicas. Además, el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas. Por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400%; en mascarillas quirúrgicas elásticas tamaño estándar hay un incremento del 100%. (I)