La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará el caso del supuesto cese arbitrario de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia  mediante una resolución parlamentaria que se dio el 8 de diciembre de 2004.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el caso a la CIDH, el pasado 2 de agosto, por considerar que el Estado ecuatoriano “no cumplió con las recomendaciones” contenidas en el respectivo informe, según un comunicado difundido en Washington.

La remoción  de los 27 jueces se hizo “en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo”, argumentó la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente.

Además, “las víctimas no contaron con garantías mínimas de  debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse” y los hechos “ocurrieron en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador”, añadió.

El 8 de diciembre de 2004, a iniciativa del régimen, presidido por Lucio Gutiérrez, los magistrados de la Corte Suprema fueron sustituidos tras una votación en el Congreso refrendada por mayoría simple, según los críticos del Ejecutivo.

Poco después, en marzo de 2005, la Comisión Andina de Juristas (CAJ)  llevó el caso ante la Comisión  aduciendo que el Gobierno de Ecuador quebrantó el Estado de Derecho.

De acuerdo con la CIDH, en la misma época se produjeron otros “ceses” en el Tribunal Constitucional (TC) y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aprobados también por el legislativo.

“Este caso constituye una oportunidad para que la CIDH consolide su jurisprudencia sobre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en materia de debido proceso”, señaló el comunicado publicado ayer.