Diana Salazar, Fiscal General de la Nación culminó con su exposición durante la audiencia de casación en el caso Sobornos 2012-2016.

Esto, luego de nueve horas en las que el Tribunal escuchó la fundamentación de 16 recursos de casación durante la diligencia que desarrolla desde la mañana de este jueves 3 de septiembre.

Durante un receso en la tarde, la fiscal General adelantó que las fundamentaciones de los abogados no tuvieron argumentos sólidos. "Ellos se han limitado a indicar al Tribunal de Alzada, en este caso a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia que se les ha aplicado indebidamente la ley", expresó.

Salazar añadió que la defensa no negó el cometimiento del delito. "Más bien lo que han indicado es la no responsabilidad de sus defendidos", dijo.

#AHORA| #CasoSobornos 2012-2016: @DianaSalazarM2 contradijo los cargos admitidos en casación y pidió que sean rechazados: "la sentencia tiene sustento jurídico, no existe errónea interpretación de la norma y cumple con principios de constitucionalidad y legalidad", señaló. pic.twitter.com/M5cIn4tS6U

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 4, 2020

Puso como ejemplo, que uno de los abogados señaló que fue la empresa la que pagó los sobornos, pero ese fue un acto que se cometió tanto desde la empresa como desde el funcionario procesado.
"Tenemos la firme confianza de que la justicia brillará el día de hoy en el Ecuador", puntualizó.

En 40 minutos, Salazar respondió a manera de réplica los argumentos que presentaron los abogados de cada uno de los procesados.

En ese lapso señaló que se ratifique la sentencia emitida el 22 de julio en contra de todos los sentenciados.

Luego de la intervención de Salazar, le llegó el turno a Íñigo Salvador, procurador General del Estado. El acusador particular también tuvo 40 minutos de réplica.

En ese lapso, Salvador señaló que el expresidente Rafael Correa fue parte de una estructura que aceptó dinero como parte de sobornos. En ese sentido, dijo, que no cabe alegar un error de interpretación en el tipo penal por cohecho, delito con el que fue sentenciado. 

La jornada se suspendió hasta mañana, viernes 4 de septiembre, que se reinstalará la diligencia. Ahí se escucharán las réplicas de cada uno de los casacionistas. 

Sobre la sentencia

La defensa de 16 sentenciados, en primer y segunda instancia, por delito de cohecho argumentaron sus recursos ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. 

En un principio, la audiencia estaba convocada para 15 recurrentes. No obstante, debido a un reclamo realizado por la defensa de  Laura Terán, exasistente de Presidencia en la administración de Correa, se admitió a trámite dos cargos casacionales. 

Entre los recurrentes se encuentran el del expresidente Rafael Correa y del exvicepresidente Jorge Glas. Además de otros altos funcionarios de ese régimen. 

La audiencia se desarrolla sin presencia de los medios de comunicación por motivos de bioseguridad. Antes de la instalación de la diligencia, los recurrentes ingresaron bajo normas de rigor sanitarias y tuvieron que instalarse manteniendo instrucciones de distancia social.  Además se realizan enlaces vía telemática. 

La expectativa

La resolución con mayor expectativa es la que recaerá sobre Correa, no solo porque se trata de un exmandatario, sino porque él anunció su postulación a la vicepresidencia en binomio con Andrés Arauz por la Plataforma Unión por la Esperanza (UNES).

El Tribunal inadmitió además cuatro recursos, entre ellos, el presentado por María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas y Transporte, quien se encuentra en la embajada de Argentina, en Quito.

El Tribunal está conformado por los conjueces Lauro De la Cadena, Milton Ávila y José Layedra.
En la diligencia se deberá evaluar la sentencia del caso y analizar las variables de contravención expresas a la ley, aplicación indebida de la ley y la interpretación errónea de la ley.

En este proceso, no se analizarán los hechos del caso ni tampoco el contenido de las defensas de los sentenciados.

Sobornos es un caso que investigó y procesó a una supuesta red de corrupción que cumplió roles entre 2012 y 2016. Altos funcionarios del régimen, liderado por Correa, recibieron aportes económicos.

La trama de este caso se concretó especialmente desde la Presidencia de la República. Gran parte de esos fondos fueron destinados para financiar de forma irregular al movimiento político Alianza PAIS, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.