El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga Acosta, recuperó la libertad bajo el regímen semiabierto y con el porte de un dispositivo electrónico.

Chiriboga, que del Centro de Rehabilitación Social regional Latacunga lo trasladaron a la cárcel de Ambato, es uno de los internos que accedieron al beneficio de la prelibertad.

Al igual que el exdirigente deportivo, unos 8.000 privados de la libertad pugnan por este beneficio.

“Tramitamos los procesos de prelibertad y despachado alrededor de 1.000 carpetas por mes”, manifestó Edmundo Moncayo, director del Servicio Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes infractores (SNAI), en una entrevista radial.

“Buscamos que las personas privadas de la libertad sepan cuáles son sus derechos y así adquieran sus beneficios”, agregó.

Para que se vialice el tema de los expedientes de los presos, Moncayo suscribió un convenio con la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, para que se creen las primeras unidades de garantías penitenciarias y con ellas los jueces que deben llevar los casos de los internos con más del 60% de la pena cumplida.

“Consideramos que con la implementación de estos jueces fortaleceremos el sistema penitenciario”, dijo.
Con ellos se garantizarán los derechos de personas privadas de libertad, añadió.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 666, en las localidades que haya un centro de privación de la libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias.

Bajo esta premisa y con el convenio se iniciaron las capacitaciones de los futuros jueces de garantías penitenciarias, que entre sus funciones es tramitar y resolver las solicitudes de prelibertad de los internos.

Los jueces de garantías penitenciarias harán el seguimiento a la ejecución penal bajo una visión de derechos humanos a los presos como grupo de atención prioritaria. (I)