Hay 136 casos de violación a los derechos humanos y más de 456 asesinatos sucedidos en el país hace más de 20 años, de los que no se sabe quiénes fueron sus autores. Las investigaciones apuntan a que parte de  esto fue obra del SIC-10, un grupo antisubversivo que habría existido en la década del 80.

Este escuadrón habría sido creado para amedrentar y frenar a las crecientes agrupaciones estudiantiles de izquierda que estaban en contra del gobierno del fallecido León Febres-Cordero (1984-1988).

La Comisión de la Verdad dio a conocer, en julio de 2010, en su informe,  la existencia del SIC-10Cristian Bahamonde, exmiembro de la Comisión de la Verdad, en entrevista en el programa radial La Conversa Pública, que se transmite en Distrito FM, destacó que las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado certifican la existencia de este grupo clandestino que habría cometido diversos crímenes de lesa humanidad entre los años 1984 y 1989.

“Es muy importante que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía están ratificando lo que la Comisión de la Verdad informó en su momento. La nueva información permite establecer los nombres de quienes conformaban esta unidad clandestina en la década del 80”, comentó Bahamonde.

Los datos que la Comisión de la Verdad dio a conocer a la Fiscalía en julio de 2010 señalan que esta unidad funcionó clandestinamente en la Policía Nacional. El SIC-10, cuya existencia es negada por diversos agentes que estarían inmersos en los delitos contra los derechos humanos, habría cometido violaciones de tipo sexual, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos.

“No se sabía con certeza quiénes integraban el grupo. Será fundamental esta información (la Fiscalía tiene una lista con los nombres de los supuestos integrantes de la agrupación) para sostener las acusaciones que debe realizar la Fiscalía en los juicios penales. Se debe individualizar la responsabilidad de quienes perpetraron las violaciones denunciadas”, expresó.

El SIC-10 habría sido el antecesor de la UIES, grupo que fue dirigido por el excapitán Edgar VacaBahamonde destacó que “hay documentos en los que se citaba a reuniones policiales y en las que se mencionaba al capitán Edgar Vaca como representante del SIC-10”.

Este grupo, según investigaciones, también fue conocido como la Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS). Tras su desaparición, en 1989, se transformó en la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales). Cabe destacar que Vaca también fue director de este grupo.

Para Bahamonde, es crucial descubrir a quienes aprobaron la creación del SIC-10. “Aquí hay responsabilidades de orden político de quienes estaban al mando del país. Eso hay que aclararlo”, señaló. “Esta entidad debió ser financiada por el Gobierno, pero al ser un grupo clandestino, no hay informes oficiales acerca de su existencia”, agregó  el exintegrante de la Comisión de la Verdad.

Él prevé que habrá personas que buscarán entorpecer las investigaciones, ya que “debe haber mucha preocupación de quienes estuvieron cercanos al grupo; se está judicializando el caso, la Fiscalía acusa y se dicta prisión preventiva para los culpables”.

Aunque los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos hace más de 20 años, Bahamonde confía en que estos serán resueltos.

INFORME REVELA EL PODER DE ESAS UNIDADES

En el resumen  ejecutivo sobre su informe final (que tiene 5 tomos con 26 secciones o capítulos), la Comisión de la Verdad resalta que en el período 1984-2008 hubo en el Ecuador un total de 456 víctimas de  violaciones a los derechos humanos.

El mismo documento resalta que, en particular, durante el gobierno de León Febres-Cordero “se diseñó y ejecutó una política de Estado en cuyo marco, de manera sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

En sus cuatro años de gobierno, -dice el resumen- se concentran 310 víctimas o 68% del total nacional que se desprende de los expedientes de la Comisión de la Verdad para el período 1984-2008.

Tomando 1984 como el año de referencia, con 14 víctimas, se constata “el sostenido incremento de éstas en los años 1985 y 1986 al haberse aumentado en casi cuatro y seis veces su número en cada uno de ellos”.

Sin embargo, 1987 “es largamente” el de mayor número de violaciones, “puesto que en él se produjeron 167 víctimas o 37% de todas las registradas en el período 1984-2008”.

Además, en ese mismo lapso, de las 74 víctimas mujeres 21 fueron integrantes de Alfaro Vive Carajo “y, en general, se trató de víctimas relacionadas con organizaciones políticas o agrupaciones de activismo social”.

Para la Comisión de la Verdad, “la conformación de estructuras o unidades represivas especializadas que adquirieron un rango institucional, simbólico y operativo, superior a otras dependencias,
dio lugar a la aparición de un poder ad hoc o especial, al margen de las jerarquías reales de sus miembros, particularmente dentro de la Policía Nacional”.

El documento agrega que “los miembros de estas unidades represivas especializadas consolidaron un espacio de poder personal que incluso incidía en las relaciones institucionales internas”.

Además, señala que “la desaparición forzada, con ocultamiento del paradero y situación de la víctima, en algunos casos fue temporal y sirvió para que los agentes estatales consumaran otras violaciones de los derechos humanos en contra de la misma víctima”.