Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, advirtió que si no consigue resultados hará pública toda la información que ella tiene.

Así lo manifestó antes de que se conocieran las conclusiones del informe de la comisión. Previamente, Ochoa dijo que buscará justicia y que si en el escenario legislativo o en la Fiscalía no hay los resultados que espera “hará pública la información con los nombres de los posibles involucrados”.

El presidente de la comisión, César Litardo, sostuvo que el informe debe incluir los nombres de los posibles autores para que las autoridades investiguen. Aunque hasta las 20:00 continuaba la lectura del informe, se conoció que el documento arrojaba indicios de que se trató de una ejecución del crimen organizado.

En su informe debatido por los integrantes de la comisión se redactaron 13 conclusiones: desde el proceso de contratación de los helicópteros Dhruv hasta la falta de imparcialidad por parte del comité creado por el expresidente Correa para responder a los familiares del general Gabela.

En el proceso de compra de las naves, al cual Gabela se oponía, se hallaron errores de contratación y pugna “en la cúpula de la FAE”.  

La comisión reprochó que pese a las evidencias, la Contraloría no encontrara responsabilidades en el exministro de Defensa, Javier Ponce, en 2012.

Cuestionó que la Asamblea no indagara a profundidad el caso cuando se emprendió el juicio político contra el exministro Ponce, proceso que luego fue cerrado. Sobre la muerte del oficial, el informe detalla que la Fiscalía no cumplió con las pericias para encontrar a los responsables. Recomendó además el análisis de la actuación del fiscal René Astudillo, a cargo del caso.

Cuestionó la desaparición del tercer informe del perito Roberto Meza, quien mencionaba a los supuestos responsables del crimen. También señala que el comité interministerial creado para la investigación, a partir de junio de 2013, actuó “negligente y con un manto de secretismo”.

Por ejemplo no se grabaron las sesiones del comité, no se firmaron actas ni se archivaron documentos. Además, tanto el expresidente Correa como la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, no cumplieron los acuerdos de creación del comité haciendo públicas sus conclusiones.

Los legisladores aseguraron que la Contraloría y la Fiscalía deberán analizar los incumplimientos legales y las violaciones administrativas de funcionarios públicos. (I)