Pamela Martínez dijo en testimonio que Correa le llamó para preguntarle si destruyó la información
Pamela Martínez, exvicepresidenta de la Corte Constitucional y procesada por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, rindió este martes 3 de septiembre de 2019 su testimonio anticipado en el caso "Sobornos 2012-2016".
La también exasesora de Rafael Correa llegó alrededor de las 07:30 a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, en un vehículo escoltado por elementos policiales. La jueza Daniella Camacho dispuso que acuda con resguardo policial para proteger su integridad física.
También arribó a la CNJ Jimmy Salazar, esposo de Martínez, quien evitó pronunciarse. Además la fiscal general Diana Salazar, representantes de la Procuraduría y abogados de los 26 procesados.
La jueza Daniella Camacho instaló la audiencia y escuchó la versión de la exasesora de Rafael Correa. Foto: Miguel Jiménez / et
Revelaciones en medio de lágrimas
La audiencia se instaló a las 09:15 y el testimonio de Martínez duró una hora y 12 minutos. Se quebró, lloró varias veces mientras habló. "Pido perdón. He cometido errores que me han llevado 120 días lejos de mis hijos, mi madre y mi esposo".
Explicó que a raíz de la detención de Jorge Glas, la consulta popular y cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio empezó a destituir autoridades, recibió una llamada de Rafael Correa para preguntarle si había eliminado la información del registro sobre los aportes y entregas para la campaña electoral de Alianza PAIS, que él le había pedido que lleve.
"Le dije que sí, pero me acordé que tenía un pendrive con los datos. Fui al departamento en Quito, lo hallé y lo metí en un vaso con agua", relató.
Además, Martínez confirmó que ella escribió en 2018 en un cuaderno la información que recordaba, no de forma cronológica, el trabajo realizado. Lo escondió detrás de la chimenea. Este fue incautado en el allanamiento a su domicilio, en Quito.
En su versión, también detalló que entregó dinero de Equitesa y Odebrecht, en sobres y a través de emisarios o asesores para: Viviana Bonilla ($300 mil, a través de Gustavo Bucaram y Christian Viteri), Alexis Mera ($200 mil por intermedio de su asesor Pedro Espinosa) y María de los Ángeles Duarte ($300 mil, a través de su asesor Jamil Massuh).
La exasesora declaró que de esos fondos que le entregaron a ella tenía un remanente. En esa época, señaló, recibió un llamado de François Villalba, secretaria asesora de Rafael Correa, ordenando que debe entregarle un valor de $ 6.000 para este. Le dijo que era "para cubrir un valor urgente". Pamela Martínez sacó ese valor del dinero remanente y le ordenó a Laura Terán depositar el valor a nombre de Correa.
Martínez reconoció que facilitó facturas de Nexoglobal para justificar los pagos que hizo Odebrecht, dinero que se usó para cubrir gastos de campaña de Alianza PAIS. "Fue una estupidez de mi parte", dijo entre lágrimas.
La jueza Daniella Camacho dispuso un receso de una hora.
La defensa del expresidente Correa criticó el testimonio de Martínez y no descartó acciones legales en contra de esta. "Pretender con una especie de show, hacernos pensar entonces que 6 o 7 años después tú sientes el impulso insuperable, insostenible de escribir en un cuaderno en tiempo presente lo que supuestamente era pasado, e involucrar a una serie de ciudadanos en temas que quién sabe si sucedieron o no. Al circo al que están llevando este proceso realmente es vergonzoso", manifestó el abogado Fausto Jarrín.
El domingo 1 de septiembre rindió testimonio anticipado la exasistente presidencial Laura Terán, en el que reveló cómo funcionó el sistema por el cual, en el Gobierno anterior, Alianza PAIS receptó "aportes voluntarios", el destino de los recursos y dio a conocer nombres.
Ayuda memoria que utilizó Laura Terán mediante un papelógrafo en la Corte Nacional de Justicia.
El caso involucra a 26 personas de formar parte de una supuesta red de corrupción en la que también se encuentran empresarios e intermediarios que habrían presuntamente entregado dinero a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios. (I)