El expresidente de la República Rafael Correa, en una entrevista concedida esta semana, comentó sobre el atentado perpetrado el pasado sábado en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas.

Correa dijo que el "caso era muy grave" porque estarían vinculados grupos con nexos con el narcotráfico y con sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero agregó que podía asegurar estos vínculos porque a él le "pasaron información altas instancias de Gobierno" con las que, según él, "tiene contacto con nosotros, que confía mucho en nosotros".

Pero las 'revelaciones' de Correa no terminaron ahí. En otro pasaje de esa entrevista, el exmandatario confesó que sabía los nombres de las personas que habían colocado el coche bomba frente a la Comandancia de Policía de San Lorenzo. Incluso, Correa indicó que conocía que los terroristas habían alertado con anticipación a los moradores del sector para que dejaran sus hogares y evitar pérdida de vidas.

Estas declaraciones han provocado que Jorge Acosta, exconjuez permanente de la Corte Suprema de Justicia, se sienta  "anonadado, sorprendido e indignado". 

En entrevista exclusiva con EL TELÉGRAFO, el abogado profesional dijo que considera que la Fiscalía debe convocar a Rafael Correa a que explique cómo consiguió esa información y, sobre todo, quién o quiénes se la filtraron. Acosta, incluso, plantea que se le prohíba la salida del país al exmandatario para que comparezca por este caso. 

¿Cómo le tomó estas declaraciones de Rafael Correa? Comenta que hasta conoce los nombres de las personas que pusieron el coche bomba...

Me he quedado anonadado, sorprendido e indignado por estas declaraciones (...). Sacaré dos partes de la declaración que me han provocado este estado de ánimo. El primero es que dice que le han pasado información 'altas instancias del Gobierno', entonces significa que todavía hay gente que tiene contacto con él. 

La otra es que sabe incluso los nombres de las personas que pusieron el coche bomba y que avisaron al vecindario. 

¿Cómo analizar ambas afirmaciones? 

¿Cómo es posible que altas instancias del Gobierno, como dice el economista Correa en sus declaraciones, le hayan pasado esta información y no lo hayan hecho con el presidente de la República, Lenín Moreno? Evitaron que el Mandatario sepa de primera mano las particularidades de este suceso. 

Con esa conducta ellos impiden o tratan de impedir que se tomen medidas inmediatas, oportunas, incurriendo en una táctica de sabotaje a la estructura de seguridad del Estado. Porque si el Presidente y/o las instancias de la Fiscalía o de la Policía Nacional conocían de inmediato estos asuntos que le han avisado al expresidente, podían haber tomado medidas más oportunas para garantizar la vida de los ecuatorianos, a los de San Lorenzo y principalmente a los de las provincias fronterizas. 

¿Y sobre lo del conocimiento de los nombres de los implicados?

Ahora, ¿cómo es posible que el expresidente de la República, con todas las responsabilidad que él tenía y las que tiene ahora como exmandatario, no haya dado esta información o comunicado inmediatamente al Gobierno Nacional, a la Fiscalía o a la Policía de los nombres de la gente que dejaron el carro bomba?

Según Correa, esta información le fue dada por 'altas instancias del Gobierno' que tienen contacto con él. Entonces es necesario preguntarnos, ¿quiénes son esas 'altas instancias del Gobierno' que escamotean la información? 

¿Qué medidas se deberían tomar de inmediato? 

La Fiscalía, sin necesidad inclusive de tener una denuncia, debería convocarle al señor Correa -si es necesario impidiendo su salida del país para que lo haga- a fin de que diga cuáles son -identificando con nombres, apellidos y cargos administrativos- a quienes cataloga como 'altas instancias del Gobierno'.

Por otro lado, que dé los nombres y apellidos de quiénes dejaron el carro bomba que manifestó conocer, quiénes les dieron la información y por qué no entregaron esos datos a canales oficiales. 

Esta no es la primera vez que Rafael Correa se jacta de tener a 'personas de confianza' en el Gobierno...

Yo no tengo ninguna duda de que el expresidente Correa tiene gente de su confianza ocupando cargos de mediano, alto y bajo nivel en este Gobierno. Pero ahí nace la obligación de nuestro presidente actual, de Lenín Moreno, de identificar a esas personas para privarles del desempeño en cargos y poner gente valiosa, de su confianza, que sí hay en Ecuador. 

¿Cómo evalúa el trabajo de instancias de Gobierno y de Justicia en este atentado? 

Fiscalía actúa en el momento que debe, porque actúa luego de que ocurren los hechos (...). Pero le falta un poquito más de reacción con cosas como las que hemos conversado. Alguien dice que conoce los nombres de los involucrados, alguien dice que le han informado altos cuadros, entonces inmediatamente la Fiscalía tiene que decir venga acá señor, usted no va a poder salir del país mientras comparece a rendir versión para que me cuente quiénes son estos 'ñatos'.

¿Y sobre el trabajo de los servicios de inteligencia en este caso? 

En el tema de inteligencia, el país ha sido reactivo. Han pasado las cosas y recién está asustado tratando de determinar cómo han sido las cosas. Más bien Colombia fue la que nos informó de que se trataba de una narcoguerrilla.

Me parece acertado que el Fiscal, viendo esta falla en las tareas de inteligencia, haya pedido que vengan expertos tanto de Colombia como de Estados Unidos (FBI) para volver la investigación más ágil, más técnica, más científicas. (I)

Opinión
Lautario Ojeda
Experto en Seguridad

Un tema preocupante

Es una situación sumamente delicada porque el expresidente Rafael Correa ha recibido información de un funcionario de “altas esferas del Gobierno” sobre el atentado en San Lorenzo, en Esmeraldas.

Como ciudadano y expresidente, su deber es dar a conocer -realmente- el contenido y la trascendencia de esa información. De lo contrario, sería muy peligroso que una información fundamental no sea puesta en consideración del organismo que le corresponda por ley, que en este caso es la Fiscalía General del Estado.

La responsabilidad de él es mayor que de un individuo común. Él conoce la importancia, la trascendencia y la delicadeza del tema.
Es preocupante también que Correa afirme que recibió información de “altas instancias del Gobierno” porque se supone que esa información debería estar en manos del Gobierno actual. No quisiera suponer que eso es una especie de espionaje, de la existencia de informantes en la Presidencia.

En todo caso es muy serio que él afirme que esa información -que no sabemos cuál es- la reciba.

Me imagino que todavía debe existir una cantidad de funcionarios dentro del Gobierno que tiene confianza con el exmandatario.
Gran parte del aparataje burocrático que fue ingresando durante estos diez años debe ser muy cercano y de mucha confianza con Correa.

Eso provocaría una “cacería de brujas” para el actual Gobierno en buscar quién, cómo y cuándo le pasaron esa información confidencial. Eso pone en graves problemas al Gobierno.

Además, las palabras de Rafael Correa se convierten en un problema álgido de seguridad del Estado. De acuerdo a la ley de Seguridad Nacional existen subsistemas de seguridad que están a cargo de Fuerzas Armadas, Policía y la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Esta última es la coordinadora de todo y debe actuar por la filtración de esos datos.

Sin embargo, la Senain no garantiza confianza por los antecedentes de persecución que realizó, no precisamente cumpliendo su objetivo de seguridad nacional sino a las personas que no estaban de acuerdo con el expresidente.

Allí se debe hacer un ajuste serio desde la cabeza de la Senain, quien, además, fue guardaespaldas de Correa cuando era ministro de Economía. Fue ascendiendo rápidamente hasta ubicarse en la Senain. Y continúa allí.

Es momento de revisar el papel de esa Secretaría y debe pedirse a las Fuerzas Armadas y Policía información sobre el tipo de necesidades que tienen para poder hacer una investigación interna y confidencial sobre esto. (O)