El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) solicitó la renovación del estado de excepción.

Con esto se espera resolver la crisis carcelaria en el país, según Edmundo Moncayo, director general del organismo penitenciario.
El 16 de mayo último, el Gobierno decretó el estado de excepción del sistema carcelario a escala nacional. La disposición rige por 60 días. Es decir, el plazo culminará este martes 16 de julio de 2019 (mañana).

La declaratoria se realizó tras la muerte violenta de internos. El Ministerio del Interior informó del deceso de 49 personas privadas de libertad, entre enero y junio de 2019. De esa cifra, 19 personas fueron asesinadas.

Víctor Jácome, director de Régimen Cerrado del SNAI, reiteró como “indispensable” la necesidad de mantener por un período más el estado de excepción.

El experto indicó que en 60 días que dura la declaratoria se ha trabajado para retomar el control de los centros con medidas oportunas.

María Augusta Pérez, especialista del SNAI, reconoció que si bien esa declaratoria tiene un plazo establecido y no se puede vivir en un permanente estado de excepción, sí puede ser renovado por 30 días más. “Es necesario sostener el control para volver al orden el sistema de rehabilitación”.

21 procesados por crímenes

La situación en las cárceles aún no ha logrado ser controlada. Este fin de semana, por ejemplo, dos reos asesinaron a otro preso, por una supuesta venganza.

Los internos de la cárcel de varones de Guayaquil, Tommy Brayan C. A. y Juan Antonio M. P. fueron procesados por asesinato.
Con ellos suman 21 los internos imputados por supuestos crímenes cometidos en la Penitenciaría y en la Regional Guayas en los siete meses de este año.

Resultados de intervención

Moncayo señaló los resultados que se presentaron en esta intervención especial. Por ejemplo, la entidad solicitó un monto inicial de casi $ 27 millones.

La semana anterior, Moncayo se reunió con personal de Presupuesto del Ministerio de Finanzas para tratar sobre el monto que se requiere a fin de iniciar un proceso de contratación del sistema de nutrición de las personas privadas de libertad.

El viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Patricio Pazmiño, presentó en junio de este año a la Asamblea Nacional un informe que advirtió del principal problema que existe en las cárceles: el hacinamiento.

La capacidad en los centros penitenciarios es de 28.554 personas, pero hay 40.771 internos. Es decir, una sobrepoblación de 40%.

Uno de los factores que repercute en este problema es la falta de infraestructura.

Sobre este tema, Moncayo informó que se priorizaron algunos establecimientos, entre ellos, la intervención del Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, en Quito, y de los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) a escala nacional.

También se enfocarán en el mejoramiento del sistema hidrosanitario del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Latacunga, de Santo Domingo, de El Rodeo (Portoviejo) y otros.

Además, la Alcaldía de Loja ofreció un terreno de 10 hectáreas para una nueva construcción del CRS y está prevista la repotenciación en la cárcel de Esmeraldas.

El análisis del representante del Ministerio del Interior también evidenció un problema recurrente al interior de las cárceles y es la falta de formación y equipamiento de los guías penitenciarios.

Sobre el último punto, Moncayo indicó que se trabaja en tres procesos para la compra de tecnología que fortalecerá los sistemas de control en las cárceles; además, se cumple con la compra de armas no letales y uniformes.

Operativos de fuerza pública

El estado de excepción contempla que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyen en la seguridad de las instalaciones penitenciarias.

Moncayo destacó los resultados alcanzados por la fuerza pública.

En este período, los gendarmes ejecutaron 134 operativos, mientras que los militares cumplieron con 247 acciones antidelictivas.

La Policía confiscó 10 kilos de sustancias sujetas a fiscalización; 1.282 litros de licor, 2.484 armas cortopunzantes, dos armas de fuego con 39 municiones.

También se retiraron 4.443 unidades de cigarrillos, 644 teléfonos celulares, 1.633 accesorios de equipos celulares, 136 artefactos electrónicos, 55 electrodomésticos. Además, $ 9.987 en efectivo.

Pérez explicó que de prolongarse el estado de excepción, los militares y policías seguirían en las cárceles.
Luego de que termine esta declaratoria, regresarán a sus labores habituales. (I)