En 2018 Cuenca vivió dos conmociones profundas que expusieron los cimientos de una sociedad patriarcal y conservadora. Durante décadas fueron secretos a voces los crímenes sexuales del sacerdote César Cordero, a quien valientemente un hombre adulto denunció por haberlo violado sistemáticamente durante su infancia.

También salieron a la luz varias denuncias por delitos sexuales (pornografía infantil, abuso sexual, violación y acoso sexual) en contra de Juan

Andrés V., alias “El Mangajo”, cuyo modus operandi, según varios testimonios, era engañar a adolescentes con la finalidad de abusar de ellas. 

“El Mangajo” hacía gala de un estilo de vida de lujos. Según las investigaciones de la Fiscalía tenía varios perfiles falsos en redes sociales; y, así confundía a sus víctimas, haciéndose pasar por mujer, adolescente e incluso niña, para generar confianza en ellas, estudiantes de colegios privados y fiscales de la urbe.

Las llevaba a su domicilio, en un barrio acomodado, y les brindaba bebidas hasta que perdían la conciencia para luego abusar de ellas. Las fotografiaba y filmaba, y exhibía los vídeos en redes sociales. Hacía alarde de haber “quitado la virginidad” a más de 30 adolescentes.

Al momento de su detención, el 26 de julio de 2018, se allanó su domicilio y se encontraron preservativos, sujetadores, juguetes sexuales y pastillas. Cuando se conocieron las denuncias, las madres de las adolescentes se organizaron con el apoyo de activistas. Ellas se han sentido desalentadas por las dificultades en el proceso; y porque al tratarse de una persona de dinero y de familia influyente partían de un ejercicio de poder desigual que hasta entonces le había permitido actuar desde el privilegio y asegurarse la impunidad.

Llama la atención que recién fuera detenido en 2018, cuando durante muchos años hizo alarde público de varias agresiones. Era un personaje conocido que merodeaba los colegios de Cuenca: una presencia tolerada en una sociedad donde 7 de cada 10 mujeres vive violencia y donde los prejuicios de género y de clase ocultan los abusos.

Las víctimas de “El Mangajo” han atravesado múltiples obstáculos: por las deficiencias del sistema de prevención, atención, protección y sanción de la violencia en contra de las mujeres, por los juegos de poder y la desigualdad de armas en el proceso judicial, por la revictimización en las investigaciones y por las barreras de prejuicios y estereotipos de género de autoridades, defensores y opinión pública.

Las adolescentes han reportado depresión, intentos de suicidio, angustia, miedo y amenazas por lo sucedido y, ya en el proceso, desconfianza en el sistema de justicia nacional.

Asimismo, varios comentarios que se han hecho sobre el caso tienden a responsabilizar a las niñas de la pesadilla que han vivido e insinuar que ellas se lo buscaron o que actuaron por interés en el dinero y estatus de él, sin considerar que son sujetas de protección de derechos y que no se puede hablar de “consentimiento”, “relación de pareja”, “peleas de novios” ni “juegos sexuales” de adolescentes de 14 y 15 años con un hombre de 33 años.

Las protagonistas de esta lucha, las niñas, sus madres y activistas organizadas, han elevado sus voces a las autoridades por un proceso expedito, imparcial, garante de derechos y sin privilegios, para ser atendidas.

Su valentía ha permitido que la sociedad cuencana se mire en el espejo de sus profundas desigualdades de género y de clase. Se ha hecho evidente con este caso emblemático la ausencia de programas integrales que eduquen en igualdad de género, no violencia, derechos sexuales y un trabajo en autonomía emocional y física de las adolescentes que les permita detectar y denunciar los hechos de violencia que viven a sus familias y educadores; saber que nunca es su culpa y que merecen reparación.

El 13 de junio de 2019, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay dictó una sentencia de 29 años y cuatro meses de privación de libertad contra “El Mangajo” por el delito de violación contra una adolescente de 15 años. Al momento, debe enfrentar 10 procesos más por delitos contra la integridad sexual: uno está en fase de auto de llamamiento a juicio y los nueve restantes se encuentran en diferentes etapas de la acción penal pública.

Mientras tanto, las niñas y sus madres buscan justicia y respuestas integrales. Los perpetradores de estos crímenes -lo ha estudiado desde hace varios años el feminismo- no son monstruos ni inimputables, son hijos sanos del patriarcado que desprecian a las mujeres y las convierten en objetos desechables. Este caso alcanzó notoriedad, pero no es nuevo. Otros crímenes en contra de mujeres y niñas quedan en la impunidad si no hay presión social y exposición mediática.

El sistema penal debe tomarse en serio los derechos de las mujeres y las niñas, pero su efectividad es solamente una de las condiciones de la vida libre de violencia a la que aspiramos. (O)