Por presuntas anomalías detectadas, la Contraloría General del Estado (CGE) realiza 208 auditorías a contratos suscritos durante la emergencia sanitaria por covid 19, que rige desde el 16 de marzo de 2020.

Entidades de siete instancias del sector público están comprometidas, pero el mayor número de casos se encuentran en el sistema hospitalario. A esto se suman 619 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) enviados por la Contraloría a la Fiscalía General del Estado (FGE), para su respectivo proceso de investigación.

Los informes con IRP

De acuerdo a la información proporcionada por la CGE a EL TELÉGRAFO, el hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, es el que registra el mayor número de IRP, con seis.

Estos tienen relación a las adquisiciones de bienes, servicios, consultorías, medicamentos insumos y equipos médicos; del requerimiento de la Unidad de Traumatología; de prótesis para la Unidad de Traumatología; de insumos en stock crítico y cero para Enfermería; y de insumos de uso general y materiales de curación para Enfermería; así como al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Otros dos IRP tienen que ver con el Hospital General del Guasmo Sur; y son por la adquisición de 144 bolsas para cadáver adulto; y la compra de 1.200 bolsas para cadáver adulto.

Respecto a la Prefectura del Guayas hay dos IRP, el uno por la adquisición de 50 mil kits alimenticios; y el otro por las pruebas rápidas covid-19 y mascarillas KN95.

De la misma manera, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) tiene dos IRP, por la contratación del servicio de desinfección de instalaciones y por la adquisición de equipo de protección para el personal de la empresa.

Con dos IRP, también consta el hospital de Pedernales, por la entrega de garantías carentes de legalidad por los recursos comprometidos en la obra; y, por irregularidades en la fase precontractual y uso del anticipo no justificado por la contratista.

Con un IRP aparecen la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; por el contrato de repavimentación; el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, a causa de la adquisición de 7 mil kits alimenticios.

Además, el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, por la compra de 4 mil bolsas para cadáver; el Hospital General de Ibarra; a causa de la adquisición de 200 bolsas para embalaje de cadáver adulto; y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por la compra de insumos y dispositivos médicos.

En declaraciones a la prensa, el contralor general Pablo Celi, recordó que en los dos últimos años la CGE ha determinado $ 250 millones en sanciones relacionadas con las adquisiciones que se hacen en los hospitales públicos del país, e insistió en la necesidad de que se devuelva a la Contraloría y a la Procuraduría del Estado la posibilidad de realizar informes previos en contratación pública, para evitar estos ilícitos.

Fiscalía indaga 52 casos

Las presuntas irregularidades en la contratación pública realizada por el Hospital Básico del IESS de Durán es el último que se suma a la lista de casos de corrupción registrados en lo que va de la emergencia sanitaria.

Hasta el momento son al menos 52 casos que investiga la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria creada el pasado 1 de junio por la fiscal general Diana Salazar, quien dijo que el objetivo es no dejar en la impunidad ningún caso. (I)