Los Ángeles enfrenta un clima de alta tensión tras cinco días consecutivos de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. En respuesta, la alcaldesa Karen Bass declaró el estado de emergencia local y anunció un toque de queda nocturno que inició a las 20:00 del martes 10 de junio hasta las 6:00 del 11 de junio. La medida sería extendida, señalan medios internacionales.

Según Bass, aunque las manifestaciones no afectan a toda la ciudad, los disturbios han provocado “daños significativos” en el centro. La alcaldesa sostuvo que la prioridad es proteger tanto a los residentes como a la propiedad privada.

El toque de queda fue respaldado por el jefe de la Policía, Jim McDonnell, quien advirtió que cualquier persona que lo viole —excepto residentes, medios acreditados, trabajadores esenciales y personas sin hogar— será arrestada. Hasta el momento, se han registrado 197 detenciones solo el martes, acumulando más de 370 arrestos en cuatro días.

Bass también dirigió un mensaje al gobierno federal: “Le pido al presidente Trump que detenga estas redadas. Están infundiendo miedo y afectando el funcionamiento de nuestra economía local”, señaló, aludiendo a las consecuencias sociales y laborales para las familias migrantes.

La respuesta de Trump, sin embargo, ha sido hostil. En un discurso desde Fort Bragg, calificó a los manifestantes como “enemigos extranjeros” y dijo que “liberará” Los Ángeles, describiendo la ciudad como un “basurero” controlado por criminales.

Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, se unió a las críticas. Rechazó el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional enviado por el presidente, argumentando que son fuerzas entrenadas para el combate, no para vigilar las calles de su estado. “No queremos ciudades militarizadas por nuestras propias fuerzas armadas”, declaró.

Aunque reconoció que la mayoría de las protestas han sido pacíficas, Newsom advirtió que una minoría ha incurrido en actos violentos, y prometió consecuencias legales. También criticó la falta de acción del Congreso: “El silencio republicano es ensordecedor”.

Con una ciudad polarizada y un debate nacional encendido, las medidas de excepción podrían continuar mientras crecen las tensiones entre las autoridades locales y el gobierno federal.

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