La audiencia de formulación de cargos y vinculación de Celeste Celi Núñez y Edwin Jerez Núñez, que se presentaron ante las autoridades por el caso de la falsificación de firmas entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), se realizó a las 19:00 del pasado martes. Ellos acudieron voluntariamente a la Policía Judicial (PJ) de Guayaquil.

Paúl Ponce, fiscal adjunto del Guayas, informó que previo a la audiencia los implicados permanecieron en las instalaciones de la PJ del puerto principal y en la mañana de ayer se los incluyó en el programa de protección a testigos, por lo que ya no están presos.

“Las versiones de estos señores (Celi y Jerez) fueron importantes para el caso, porque  permitieron esclarecer ciertos hecho y la detención de los tres primeros implicados dentro de la causa. Ellos expresaron que se entregaron porque han sido víctimas de amenaza o extorsión tanto en sus domicilios como en sus trabajos y a sus teléfonos móviles”, detalló el fiscal.

Ponce explicó que dentro del proceso existía, desde hace aproximadamente tres semanas, una orden de detención para investigaciones de los dos nuevos vinculados.

Según la autoridad, los ahora testigos protegidos aseguraron que fueron contratados por varios grupos políticos, entre estos  Equipo (liderado por Fabricio Correa), para recolectar rúbricas. Las investigaciones deberán ahora determinar si esos apoyos fueron reales o falsificados.

Celi y Jerez son hermanos por parte de madre. Desde la mañana de ayer se les extendieron medidas cautelares para garantizar su seguridad. “Se tomó en cuenta que ellos rindieron declaraciones anteriores voluntarias y que han sido amenazados por esas acciones. En las versiones que rendirán mañana (hoy) a las 09:00 y 15:00, explicarán quiénes los estarían amenazando”, detalló Ponce. Y esa denuncia  también deberá ser investigada.

Entre las medidas cautelares consta que deben presentarse a la Fiscalía de Guayas, la prohibición de salida del  país, además de que están vigilados por las autoridades, “es decir, que están en libertad bajo vigilancia”, señaló el fiscal encargado.

La abogada de Fernando Morla, uno de los detenidos en este caso, informó que Celi es funcionaria de la Prefectura del Guayas, lo que fue confirmado por el abogado de la institución provincial, Pablo Llerena.

“De Recursos Humanos nos han confirmado que ella laboraba en la Prefectura, pero el titular de la entidad, Jimmy Jairala, solicitó que se hagan todos los trámites para su salida, porque está vinculada a un acto ilícito”, aclaró  el síndico. El caso se encuentra a cargo del Juez Séptimo de Garantías Penales.