La Unión de Afectados por la multinacional Chevron solicitó ayer ante la Corte de Justicia de Sucumbíos una orden de adjudicación de un crédito por más de $106 millones, que debería entregar el Estado a la petrolera como parte del caso Chevron II.   

El 7 de julio de 2011, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya impuso al Estado el pago de $ 96 millones (con intereses la cifra es de $ 106 millones), basándose en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.

Chevron presentó la denuncia ante el tribunal internacional en 2006 y en la resolución de La Haya se  estableció que las cortes ecuatorianas violaron las normas de Derecho Internacional al demorar más de 15 años los fallos de estas demandas.

Sin embargo, el procurador general del Estado, Diego García, señaló -en esa época- que la acción de Chevron es atemporal, pues el TBI se firmó en 1993 y entró en vigor 5 años después de que Chevron-Texaco dejara el país, por lo que no se puede hacer un uso retroactivo de la ley. Por ello, presentaron un recurso de nulidad.

Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados, recordó que el 24 de septiembre de 2014 se rechazó la demanda de acción de nulidad presentada por el Estado ecuatoriano. El pedido fue tramitado ante la Corte Suprema de Justicia de Holanda, la que rechazó el planteamiento ecuatoriano.

“No existe en la actualidad ningún argumento o elemento jurídico que impida que el Estado pague esa orden judicial a Chevron”, dijo el abogado de los afectados de la Amazonía, quien recordó que en 2014 la multinacional ya presentó una demanda de ejecución del laudo arbitral ante la Corte de Columbia, en EE.UU., donde un juez ordenó que se pagase el monto.

“Se acabaron las instancias de apelación para el Estado ecuatoriano porque fue un dictamen de la Corte Suprema de Holanda, ya no hay más instancias, en consecuencia tiene que pagarse ya”, agregó.

Fajardo calificó a esa resolución “como tremendamente injusta e inadecuada”, pues considera inapropiado que además del crimen ambiental cometido por Chevron en Ecuador “el Estado tenga que pagarle a la petrolera”.

Por ello señaló que los demandantes de la Amazonía, que ganaron ante la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana un litigio en contra de la petrolera que les obliga a pagar $ 9.500 millones, solicitaron al presidente de la Corte de Sucumbíos, Carlos Moreno, que la adjudicación de ese crédito ($ 106 millones en la actualidad), en vez de ser pagado a Chevron sea entregado  a la Amazonía “para empezar lo antes posible con los planes y la reparación ambiental”.

Fajardo precisó que en 2011 y 2013 ya realizaron un pedido de embargo del crédito y “hoy estamos pidiendo la adjudicación inmediata a fin de evitar que el Estado le pague a Chevron, porque como digo es injusto, y empezar lo antes posible con la reparación en la Amazonía”.

Fajardo cree que el planteamiento es adecuado y por ello cuestiona:“¿A quién quiere el pueblo ecuatoriano que pague el Estado, a los afectados o a Chevron?”.

Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados, indicó que con esos recursos empezarán la remediación inmediata en las zonas afectadas en Orellana y Sucumbíos.

Ese dinero sería considerado parte del pago de $ 9.500 millones que Chevron debe transferir al fideicomiso.

DATOS

Fajardo recordó que en 1995,  en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, Chevron hizo un contrato con el Estado y este último no planteó ninguna demanda.         

El Estado retiró todas las demandas contra Texaco- Chevron, aunque se esperaba -según cuenta Fajardo- que Chevron retirase sus demandas por reciprocidad. Pero la petrolera jamás lo hizo.

Chevron tenía 6 juicios comerciales en contra del Estado, que quedaron vigentes, y la petrolera no respetó los acuerdos suscritos. 15 años después (2006) Chevron  reactivó el juicio como un ‘chantaje’.

En este juicio, Chevron demandó al Estado ecuatoriano por negación de justicia, aludiendo que pasaron 15 años y jamás hubo sentencia en el caso, desconociendo el acuerdo con el gobierno.