La “herencia” dejada por un contrato firmado a última hora por el ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Solines Moreno, en el gobierno de Alfredo Palacio, podría involucrar al Estado en una demanda internacional y mantiene sin poder cobrar $ 17’182.753,40 al consorcio boliviano Globalnet S.A. por daños y perjuicios por incumplimiento de las condiciones contractuales.

Ese proceso legal ha generado el gasto de $ 1 millón y, de afrontar un arbitraje internacional,  llevaría al Ecuador a pagar a la empresa extranjera una indemnización de más de $ 30 millones.

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Solines, quien en la última campaña electoral fue candidato a la Vicepresidencia de la República por el Movimiento CREO como binomio del ex banquero Guillermo Lasso, suscribió un contrato millonario que pretendía dotar de telefonía fija y móvil y de Internet a 1.120 parroquias rurales y urbanomarginales del país que, en ese momento, no contaban con un servicio público.

Más de seis años después y con una sentencia judicial en contra de Globalnet por  incumplimiento del contrato -que podría conllevar a una contrademanda- Solines asegura: “Yo debo tener la conciencia tranquila frente a mis actos, no frente a lo que el Estado pague o no pague, frente a los errores que cometió o no el Estado” (ver entrevista).      

El caso Globalnet

Documentos a los que tuvo acceso este Diario revelan que en su administración en Conatel, Solines autorizó el contrato de concesión con Globalnet S.A., conformada por el Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L. de Bolivia, el 30 de agosto de 2006.

Según consta en el artículo 1 de la Resolución 489-20-CONATEL- 2006, firmado por Solines: “Se resuelve autorizar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones a suscribir conjuntamente con la Dirección Ejecutiva del CONAM el contrato de concesión para la Prestación del Servicio Público de Telecomunicaciones a través de Telecentros Comunitarios Polivalentes en las Áreas Rurales y Urbano Marginales del Ecuador, bajo la modalidad BOO-Build Own Operate (Construya, Posea y Opere), a favor de Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L. de Bolivia...”.

El contrato finalmente se suscribió el 4 de septiembre de 2006 (tres meses antes de que Solines concluya su gestión) ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, en ese entonces liderada por su madre, Ximena Moreno de Solines. A la firma de ese contrato, Solines acudió en calidad de titular del Conatel y como testigo de honor (ver facsímil de la parte inferior).

Por un monto de $ 11’573.478,76, de los cuales, $ 4’150.000 eran financiados por el Estado con recursos provenientes del Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, Globalnet se comprometía a prestar -en el área de concesión- los servicios de telefonía pública que permitan a los habitantes de esas zonas realizar llamadas locales, regionales, nacionales e internacionales, a teléfonos fijos y móviles, y servicios de valor agregado. Todo ello de acuerdo con los términos del contrato.

La concesión incluía la construcción, operación, administración y explotación de telecentros comunitarios y estaciones remotas, bajo el régimen de no exclusividad. Para el efecto, el Estado, a través del Consejo Nacional de Modernización (Conam), debía  compensar con $4’150.000 a Globalnet para que pudiera financiar la adquisición de equipos técnicamente adecuados y poner en marcha el proyecto.         

El valor restante debía cubrirlo el concesionario ($ 7’423.478), inversión y ganancias que las iba a recuperar en 10 años por el cobro de tarifas, que según las cláusulas del contrato suscrito por Solines, podían ser fijadas por el operador unilateralmente, sin cumplir con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, que señalaba que el Conatel es el ente encargado de aprobar y fijar tarifas para la prestación de servicios de telecomunicaciones. El proyecto debía implementarlo en 1.120 localidades del país, de las cuales 374 correspondían a telecentros y 746 a estaciones remotas.

Los incumplimientos

La etapa de construcción era de ocho meses. En la cláusula IX del contrato se estipuló que para prestar un buen servicio el concesionario debía tomar todas las medidas que considerase necesarias a fin de que el servicio no fuera desatendido, disminuido o suspendido de manera alguna. Los incumplimientos por parte de Globalnet marcaron este contrato en perjuicio del Estado. Luego de las prórrogas concedidas hasta el 23 de octubre de 2007, la concesionaria no cumplió con la instalación de telecentros comunitarios y lo único que instaló fue locales inadecuados que, según personas que debían beneficiarse del proyecto, “más bien parecían letrinas rudimentarias antes que cabinas telefónicas”.

Incluso, la compañía no agilizó la concesión de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para 209 localidades. Según Patricio Valenzuela, del Departamento Jurídico de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), el 30 de octubre de 2006 lo único que solicitó Globalnet fue la concesión de frecuencias de servicio fijo por satélite, pero con información técnica llena de errores que no fueron corregidos.

Además, no estableció un mecanismo de recepción de quejas de usuarios y no reportó la contratación de los seguros para la empresa y seguro de responsabilidad civil, de riesgos de trabajo, de bienes y de vida.  

En este último punto, como Globalnet no contrató seguro antes de poner a funcionar los primeros 93 telecentros y 255 estaciones remotas, no se recuperó la inversión cuando se produjeron varios robos de equipos en algunos de ellos, según consta en un informe de auditoría.

En cuanto a lo técnico, las aplicaciones instaladas en las computadoras como el procesador de palabras, hoja de cálculo, navegador de Internet, manejo de correo electrónico, antivirus y sistema operativo, para los equipos de usuario y equipo administrador, correspondían a software comercial (Microsoft Windows Xp, Microsoft Office, McAfee VirusScan), que no disponían de la licencia respectiva para su uso. Todos esos incumplimientos dieron lugar a que Conatel declarase la terminación unilateral del contrato, que era por 10 años con opción a renovar.

En la Resolución 336-13 del 27 de junio de 2008 consta que se debe tomar posesión de las instalaciones y bienes del concesionario; proceder a liquidar el contrato; ejecutar las garantías de fiel cumplimiento del contrato ($207.500 equivalente al 5% de los $4150.000 del valor que aportaba el mismo Estado con fondos proporcionados por el Banco Mundial); y, exigir a Globalnet el pago de daños y perjuicios.

La terminación unilateral se la hizo en base a las cláusulas firmadas, que en este caso señalaba que se lo hará cuando una de las partes (en este caso Globalnet) “haya incurrido en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Sin embargo, personal de la Senatel se llevó una sorpresa cuando pretendió tomar posesión de los bienes: no solo debido a la oposición del concesionario, sino porque los bienes (equipos) no estaban a su nombre. Por ello, el Estado no pudo ejercer sus derechos, sin que hasta la fecha recupere el anticipo entregado a Globalnet por $1’037.500, que constituía el 25% del valor de la compensación ($4’150.000). Esa conducta ha sido judicialmente catalogada como “dolosa”.

Sentencia contra Globalnet

Conatel facultó a la Senatel a iniciar las acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que al efecto correspondan en defensa de los intereses del Estado frente a este incumplimiento.

En 2009 la Senatel presentó una demanda ante la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, en contra de Saúl Boris Quiroga Vargas, representante legal de Globalnet.

El 7 de octubre de 2011, la Primera Sala, en rebeldía de los demandados (porque no contestaron la demandada y no acudieron a confesión judicial) dictó sentencia en la causa 2009-18982, disponiendo que “la compañía Globalnet, a través de su representante legal Saúl Quiroga Vargas, pague al Estado la suma de $17’182.753.40 por concepto de daños y perjuicios, sea que se continúe con el proyecto o se inicie uno nuevo. (ver facsímil de la sentencia).                       

El 7 de enero y el 11 de mayo de 2012, la Senatel insistió ante los jueces de la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 en que dicten Mandato de Ejecución para que Globalnet cumpla con la sentencia.

El 18 de diciembre pasado, el Tribunal ordenó a Globalnet pagar o dimitir bienes por la cifra antes señalada en el término de 24 horas. Sin embargo, tal resolución no se puede concretar porque la compañía no tiene en el Ecuador ningún bien a su nombre. Hasta el momento, Ecuador solo ha logrado recuperar $207.500 de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, que fueron aportados por el mismo Estado con fondos proporcionados a través del préstamo del Banco Mundial.

Arbitraje e indemnización

Para no cumplir la sentencia, Globalnet propuso arbitraje internacional, en el que se conmine al Estado ecuatoriano a reconocer y pagar a la compañía boliviana indemnización por daños y perjuicios provocados por la terminación unilateral del contrato. Las empresas accionistas de Globalnet (Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L.), pese al incumplimiento pretenden que se condene al Estado ecuatoriano al pago de $32’566.000 de indemnizaciones y costas del arbitraje.

Aducen una presunta violación del Tratado de Inversiones suscrito entre Ecuador y Bolivia, ya que consideran que sus inversiones han sido expropiadas; no han tenido un trato justo y equitativo; han tenido un trato menos favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales ecuatorianos; y no han recibido una plena protección a sus inversiones.

Este arbitraje internacional aún se encuentra en trámite y de ello  conoce la Procuraduría General del Estado. En la primera fase no ha habido acuerdo para poner fin al procedimiento legal. Hasta el momento, el contrato de Solines ha provocado que la Procuraduría invierta más de $1 millón en defensa de los intereses del país.

Finalmente, se conoció que Globalnet no solo afronta este proceso legal por incumplimiento con el Estado, sino otra demanda que reposa en el Juzgado VII de lo Civil de Guayaquil, en donde tenía residencia dicho consorcio, interpuesto por  la empresa “Xionpc S.A.”, la cual le vendió equipos por $ 1’578.640 y la compañía extranjera le quedó debiendo la suma de $ 763.520,26.