Para hoy está previsto que se conozca la sentencia final del juicio que se sigue en contra del ex coronel de Policía Rolando Tapia, acusado de ser el autor material del atentado contra la seguridad interna del Estado, por haber impedido que se realizara la sesión del pleno legislativo el pasado 30 de septiembre durante la revuelta policial.

De ser encontrado culpable, Tapia podría recibir una condena de cuatro a ocho años de reclusión mayor, según establece el Código Penal.

Renato Velásquez, presidente del Tribunal Segundo de Garantías Penales, escuchará los alegatos finales de los cinco policías implicados en el mismo caso. La descarga final de la defensa del ex coronel Tapia, que fue presentada por el abogado Hugo Cevallos, fue expuesta el pasado viernes en horas de la tarde.

Los policías Patricio Simancas y Mario Flores, que también guardan prisión en el ex penal García Moreno pabellón “A”, se encuentran acusados de complicidad; mientras que Francisco Noboa, Carlos Tachina y Marco Tibán (hermano de la asambleísta Lourdes Tibán) están acusados de encubridores del mismo delito. Si estos ciudadanos son  encontrados culpables podrían enfrentar una pena de seis meses a tres años de prisión.

Los cinco policías se encuentran a disponibilidad de la Comandancia General de la Policía, así lo informó Carlos Poveda, abogado de Tibán. Esta figura de sanción es la antesala dentro del marco legal de la Policía para que sus miembros queden fuera de la institución.

En días pasados el Consejo de Generales de la Policía Nacional calificó de “mala conducta” la actitud asumida por Tapia el pasado 30 de septiembre, por lo que fue dado de baja de la institución. Los generales explicaron que los comentarios vertidos por el oficial ese día fueron inadecuados y sin previa autorización. La resolución señala que Tapia mostró una “actitud parcializada y alejada de los procedimientos legales, un exceso, desviación y falta de conciencia profesional”.

En la Policía Nacional cerca de 100 elementos están bajo investigaciones internas por los hechos del 30 de septiembre. El Consejo de Generales analiza su permanencia en la institución. Después de la sublevación policial fueron 47 las personas acusadas de rebelión, 12 procesados por atentar a la seguridad interna del Estado, 4 procesados y absueltos por magnicidio, 2 procesados y absueltos por rebelión, 11 procesados por destrozos en Ecuador TV, y 5 indagaciones previas por las muertes de uniformados y civiles en el intento de golpe de Estado.