Estoy en una fiesta congestionada de hombres y mujeres que fracturan el piso en cada movimiento de baile. Sudan, beben, se aprietan, se esquivan, se encuentran. Me dirijo al filo de la puerta -que divide a la sala del patio- y enciendo un cigarrillo.

Un amigo se acerca y me dice: “sabías que aquel tipo, el que está  junto a la chimenea, realmente no es un tipo”. Dejo pasar el comentario, conozco al tipo.  
Horas más tarde, en una minúscula esquina de la fiesta, donde apenas la luz roza, están dos mujeres que torpemente se acarician las manos mientras la una conquista con su boca la oreja de la otra. A su lado, está el tipo -del que hablaba  mi amigo- junto a Pamela, su pareja. Jorge nació biológicamente con sexo femenino pero con el transcurrir de los años desarrolló su identidad masculina.

Este breve episodio, que se reproduce en cualquier espacio, me permite arrojar algunas ideas acerca de la sexualidad y el género, y sobre  cómo la vida pública y política del país -la mayoría de las veces- se niega a reconocer: 1) el sexo biológico con el que una persona nace es privado y no define su futura orientación sexual; 2) el género, en los términos más concretos, es la manera como uno decide presentarse, estar y ser ante la sociedad: física, estética y subjetivamente; 3) el sexo y el género no siempre concuerdan; 4) la diversidad de las identidades sexogenéricas en Ecuador es una realidad; 5) estas diversidades son (aún) una minoría, pero en este caso, la minoría no es un concepto estadístico, ni se asocia únicamente a un grupo periférico y pequeño; la minoría, si tomamos el sentido que el filósofo francés Guilles Deleuze le dio, es un “índice revolucionario” y, ¿por qué revolucionario?: pues entre las personas que la conforman, se evidencian otras posibilidades de entender y desarrollar la vida, ajenas a esa matriz patriarcal de dominación blanco-mestizo-occidental-heteronormado; 6) al cuerpo, además de haber sido considerado desde el pensamiento occidental como un “envoltorio provisional del sujeto”, se le ha asignado roles que debe cumplir de acuerdo con su sexo: ser mujer es, en muchos casos todavía, sinónimo de ama de casa; 7) la heterosexualidad como la maternidad son, entre otros aspectos, instituciones políticas: la heterosexualidad obligatoria es un eje de la dominación sobre la mujer, en el que se le impone la tarea de reproducción; 8) el amor no se legisla, pero las leyes sí pueden garantizar derechos, reconocimiento y respeto a las diversidades sexogenéricas.    

¿Qué posibilitó la Constitución de 2008?  

La actual Constitución de Ecuador -aprobada por consulta popular- significa un referente en la historia del país y en la comunidad internacional, pues contiene una propuesta de sociedad que respeta en todas sus dimensiones  las diferentes formas y decisiones de vida individual y colectiva. Sus principios fundamentales plantean la construcción de un Estado constitucional de derechos y garantías, con carácter social, democrático, intercultural, plurinacional y laico.

En los últimos tiempos no ha existido un proceso constituyente que recoja con tanta pluralidad las demandas de los distintos actores sociales, políticos e institucionales, producto de luchas acumuladas por años. Entre ellas, están las propuestas lideradas por los colectivos que representan a las diversidades sexogenéricas en Ecuador, que no solo han exigido igualdad y la abolición de la discriminación, sino participación, actoría social y política.

Sin duda han existido innegables avances en aspectos legales enunciativos sobre el reconocimiento constitucional de derechos sobre estos grupos, sin embargo, en la cotidianidad, aún resulta imposible  que una familia homoparental adopte un hijo o que se reconozca civilmente la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo.

La Constitución de 2008 generó condiciones políticas y sociales para reconocer algunas realidades. Por ejemplo, en el artículo 11, numeral 2, se consagra explícitamente la no discriminación por “identidad de género”, además de la no discriminación por orientación sexual, que ya contenía la Carta Política de 1998. Este apartado prohíbe la discriminación a las personas por tener una identidad masculina, o por tener una identidad femenina, independientemente de cual sea su sexo biológico. Reconoce explícitamente que mujeres, hombres o personas trans tienen los mismos derechos.

La Constitución no solo es ejemplar al incluir la categoría “identidad de género” y hacer un reconocimiento explícito de la obligación estatal de sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por acción u omisión, sino  que también,  en la parte orgánica, establece la acción de protección: un mecanismo tutelar que permite efectivamente judicializar y sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por acción u omisión contra ciudadanos transgénero. Por otro lado, en el artículo 66, numeral 9, se consagra el derecho a “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida, y orientación sexual”.

Mientras que en  el artículo 66, numeral 11, se recoge una dimensión específica sobre la intimidad: se consagra el “derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular  (…) datos referentes a su vida sexual, salvo por necesidades de atención médica”.

La Constitución garantiza el derecho a la identidad en las siguientes dimensiones: derecho a la identidad personal y colectiva, derecho a la libertad, derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, incluida la libertad estética, así como que  cualquier individuo pueda manifestarse libremente en su entorno social.

Adicionalmente, se logró que el artículo 81 de la nueva Constitución haga mención a los crímenes de odio y se incluya constitucionalmente la obligación de crear legislación secundaria para sancionarlos. De este modo, se da continuidad al Proyecto de Reformas al Código Penal para la Tipificación de Delitos Homofóbicos, Lesbofóbicos y Transfóbicos, presentado desde junio de 2004.

Academia y ciudadanía han ejercido un rol protagónico

Semanas atrás, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, el abogado y literato Diego Falconí Trávez presentó su libro “Las entrañas del sujeto jurídico”, texto que evidenciaba cómo los sistemas y discursos jurídicos, desde los tiempos romanos, creaban la realidad que nombraban, en tanto la letra jurídica era la que definía quiénes podían ser ciudadanos acreedores de derechos y garantías. Recordemos que en los inicios de la República, ciudadano era únicamente el hombre letrado con solvencia económica. La alerta es clara: en las normas se juega el lugar  de los individuos en el mundo.   

En la presentación del libro, el académico Édgar Vega Suriaga, hizo referencia al proyecto “Mi género en mi cédula: a una letra de ejercer ciudadanía”, propuesta liderada por la Confetrans y el Proyecto Transgénero, que propone cambiar la categoría “sexo” por la de “género” en la cédula de ciudadanía. Así, una persona que haya nacido biológicamente masculino, pero que desarrolló una identidad femenina (transfemenino), podrá elegir su identificación genérica en su cédula, acorde con su realidad.

Como se enuncia en la página web del Proyecto Transgénero: “hasta el año 2007 (y hasta ahora en localidades en que l@s funcionari@s públic@s violan la Constitución), miles de personas han preferido mantenerse al margen de la vida civil, antes que soportar humillaciones en el Registro Civil para obtener su cédula de ciudadanía (exposición pública, maltrato, obligación de recogerse el pelo, desmaquillarse, etc.). Otras tantas personas siguen optando por no estudiar, por no aplicar a determinados puestos de trabajo, o por no acceder a servicios públicos. Muchos trans masculinos, que son los que más "desapercibidos" pasan en su transgenerismo, prefieren trabajar en régimen informal, antes que presentar papeles en su trabajo y ser beneficiarios del Seguro Social. Hoy concentramos nuestros esfuerzos en reivindicar ante el Estado y la sociedad que no es posible obligar a las personas a escoger entre su libertad estética y todos sus demás derechos”.     

Asimismo, Vega señalaba que este proyecto no se limita al cuestionamiento, sino que abre, desde los resquicios de la norma, posibilidades de irrupción para trastocarla y, así, beneficiar a sujetos que históricamente han sido subordinados por la palabra, como son las mujeres, los cuerpos feminizados y las diversidades sexogenéricas. “Mi género en mi cédula: a una letra de ejercer ciudadanía” supone un cuestionamiento frontal, desde las entrañas del poder, a los dispositivos que lo que buscan, en última instancia, es la estabilidad identitaria.

Siete propuestas reconocen las diversidades sexogenéricas

De los ocho presidenciables (menos el candidato por el Partido Roldosista Ecuatoriano, Nelson Zavala), siete han manifestado, a través de sus planes de gobierno, declaraciones en medios de comunicación y cuentas de redes sociales, que acogerán los pedidos de las diversidades sexogenéricas, tanto en gestión de gobierno y trabajo legislativo, como en aspectos de derechos, uniones de hecho, identidad de género, inclusión económica, vivienda y participación.

Asimismo, han señalado que trabajarán por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, el impulso de políticas educativas inclusivas, el accionar inclusivo con familias diversas, las políticas públicas antidiscriminatorias hacia los GLBTI.

Por otra parte, el único candidato que ha sido explícito en manifestar su oposición a las diversidades sexogenéricas es Nelson Zavala, quien anunció la limitación de derechos a los individuos y colectivos GLBTI, encasillando a la familia y al matrimonio como una exclusividad de la heterosexualidad, además de generar campañas de “deshomosexualización”, como ya lo hizo cuando le otorgó un puesto de trabajo a una persona homosexual para que se “encaminase”.

Recordemos que por motivo de sus declaraciones homofóbicas, al referirse públicamente a los grupos GLBTI como “inmorales” y “anormales”, dando a conocer su interés de regular el respeto de los homosexuales a la “verdadera familia”, mediante iniciativas normativas del Ejecutivo, manifestándose además, en contra de las “marchas del orgullo gay”, Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del Pueblo, le remitió un llamado de atención.