Con la ejecución de un plan integral de seguridad, las tres ramas de las Fuerzas Armadas y los ministerios Coordinador de Seguridad Interna y Externa y del Interior garantizarán el desarrollo normal de la jornada electoral de mañana.  

María Fernanda Espinosa, titular de la cartera de Defensa, dispuso la movilización de 39.400 militares, quienes brindarán seguridad en los 3.007 recintos electorales donde funcionarán las 39.700 juntas receptoras del voto instaladas en las 24 provincias del país.

Asimismo explicó que los cinco comandos de operaciones conformados por personal del Ejército, FAE y Armada, trabajarán coordinadamente con todos sus recursos humanos y técnicos. Su responsabilidad será  transportar, distribuir y custodiar el material electoral durante todo el proceso, así como controlar que no se efectúen actividades proselitistas en los recintos electorales.

“Estamos preparados para garantizar la celebración de esta fiesta democrática y su transparencia. Los ecuatorianos pueden acudir con toda confianza a los recintos electorales”, resaltó Espinosa.

Añadió que, paralelamente, los militares no descuidarán los patrullajes en carreteras y fronteras. Para todo ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuenta con un centro de mando y control instalado en el edificio del Ministerio de Defensa en Quito, con capacidad de monitoreo y vigilancia satelital, que trabajará permanentemente a través  de videoconferencias.

Todo eso lo hará en coordinación con los ministerios de Seguridad Interna y del Interior, y con los cinco comandos de operaciones. El objetivo será reaccionar de inmediato ante posibles contingencias.

José Serrano, titular de la cartera del Interior, señaló que serán desplegados 36.767 policías, quienes se encargarán de controlar el orden público en los exteriores de las juntas electorales y de las 80 Juntas Intermedias de Escrutinio.

Además, los gendarmes se encargarán de velar por el cumplimiento de la ley seca, la cual rige desde las 12:00 de ayer hasta las 05:00 del lunes 18 de febrero.

En este sentido, el artículo 123 del Código de la Democracia estipula que la prohibición de consumir, comercializar o distribuir licor rige 36 horas antes de las elecciones y 12 horas posteriores a las mismas.

Quienes infrinjan la ley en días previos a los comicios o ingresen al recinto electoral en estado etílico serán sancionados con una multa del 50% de una remuneración mensual básica unificada: 159 dólares.

Y si opusieran resistencia o protagonizaran incidentes serán conducidos a un Centro de Detención Provisional, donde serán sancionados con prisión preventiva por escándalo.

Miembros de la Policía Comunitaria, Judicial, Antinarcóticos y de Inteligencia se encargarán de hacer cumplir todo lo anotado, según anotó Víctor Hugo Gangotena, director de Operaciones de la Policía.

Recuerde:

La ley seca rige en el país desde las 12:00 de ayer hasta las 12:00 del lunes 18 de febrero