El acceso universal a la seguridad social sería el inicio de un Estado ideal y, en época de campaña, los candidatos -a excepción de Mauricio Rodas y Lucio Gutiérrez- saben que es tema electoralmente “rentable” por sus implicaciones sociales.

En esa disputa los binomios presidenciales de Alianza PAIS y la Coordinadora Plurinacional, que promueven las candidaturas de Rafael Correa y Alberto Acosta, respectivamente, son los que más desarrollan un plan de gestión. El primero habla de “alcanzar el aseguramiento universal de la población a partir de la articulación entre la política y los  programas de segunda  contributiva y no contributiva”, que incluya a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano,   adultos mayores y personas con discapacidad que no estén protegidas por ningún mecanismo. Mientras que el segundo garantiza el aseguramiento para amas de casa, comerciantes minoristas y trabajadores autónomos (incluyendo choferes y artesanos), así como la jubilación de la mujer a los 25 años de servicio.

Para Alianza PAIS es importante garantizar la sostenibilidad económica de ese derecho con un aporte mínimo, por ejemplo, de quienes reciben el subsidio de $ 35; la Coordinadora, en cambio, asegura que el Gobierno apoyará al IESS -cancelando la deuda pendiente del Estado- para que refuerce sus servicios de salud y promete  que “sus fondos de ninguna manera serán empleados como caja chica del Gobierno”.

En los planes de CREO, Ruptura, PRE y Prian este tema tiene un “perfil bajo”, mientras que prevalecen los cuestionamientos hacia la gestión del actual Gobierno y debaten más sobre la creación de empresas como estrategia de generación de empleo, la seguridad jurídica para esos mismos fines y la reducción de la inseguridad.

Sobre seguridad social, Ruptura -que auspicia a Norman Wray- considera que a más de las reivindicaciones laborales  elementales (trabajo decente, seguridad social, no discriminación laboral, salarios dignos e iguales, derecho al descanso y tiempo libre), hay que “conciliar la vida privada y la vida laboral”.

Para el Prian, de Álvaro Noboa, el asunto se resuelve con políticas de generación de empleo con “estabilidad, salarios justos, desarrollo profesional, seguridad social y una jubilación digna” y, de llegar al poder, harán que las empresas se constituyan en 2 ó 3 días y otorgarán todos los permisos para que operen en ese tiempo, incluido el RUC y el número patronal en el IESS.

El PRE, representado por Nelson Zavala, en cambio, propone crear un seguro de salud para los pobres y la reestructuración del IESS, y el fortalecimiento del Banco del IESS. También cree que los ahorros para pensiones deben ser canalizados en el país, a través de instituciones idóneas, con la  perspectiva de que la rentabilidad que logre sirva para mejorar sus servicios.

La propuesta de CREO, con Guillermo Lasso, es promover el empleo y la inclusión de la seguridad social en negocios estacionales; pero cree necesario “la apertura al diálogo del sector empresarial para la implementación de la política relativa a la ampliación a la seguridad social”.

En los planes presentados al CNE por los candidatos de Sociedad Patriótica (Lucio Gutiérrez) y SUMA (Mauricio Rodas) la seguridad social pasó inadvertida. El primero propone un seguro médico  familiar -que no dice si será gratuito- y enviar al Legislativo el proyecto de ley a favor de los más pobres, pues lo demás  se resolverá mediante decretos presidenciales que apoyen  a los sectores más vulnerables; y el segundo plantea “una visión alternativa”, en la que primen la dignidad y la búsqueda del bienestar, en armonía con el medio ambiente, pero también “condena” las políticas proteccionistas que subsidien la ineficiencia con el argumento de que los escasos recursos públicos deben destinarse a impulsar   actividades que realmente contribuyan al desarrollo. También habla de crear  empleo para los jóvenes del país, pero no dice si gozarán de seguridad social.  

Ya en las calles, los afiliados al IESS reconocen que en la última administración se beneficiaron con el incremento de las pensiones jubilares, préstamos más altos para la compra de vivienda, la rehabilitación y construcción de hospitales, y de  los convenios que les permiten ser transferidos a clínicas privadas cuando las casas asistenciales del IESS no dan abasto. También destacan que los patronos, por ley, den descanso a los hombres para asistir a sus esposas luego del parto.

Sin embargo, señalan que aún hay dificultades, por ejemplo, en la dotación de medicinas para los pacientes y la cobertura de salud para los hijos, cónyuges y, de ser posible, para los padres de los afiliados. Raúl Vicente Casco (24 años) trabajaba en una gasolinera en Los Bancos, al noroccidente de Quito, en donde reside junto con su esposa Martha Molina, cree que si el IESS ampliara la cobertura para cirugías y medicinas de su familia, no estuviera atravesando este drama.

El 16 de enero pasado Martha alumbró a un niño en el hospital Carlos Andrade Marín de Quito y, el mismo día, los médicos le informaron que el bebé debía someterse a una operación urgente de columna y que necesitaba de manera inmediata tres ampollas de un medicamento que debía comprar en alguna farmacia. Lo peor vino cuando le indicaron que solo habían en Colombia, pero a pesar de su condición humilde pidió dinero prestado a sus familiares y viajó a Ipiales, en donde la receta costaba $ 1.200. Como solo tenía $ 700, compró dos ampollas y retornó a Ecuador, y su hijo fue operado el 17 de enero pasado.

El problema no terminó allí, ya que el niño también presentó problemas de corazón y se sometió a otra intervención el 18 de enero. Toda la medicina compraron fuera del hospital. “Si el Seguro Social cubriera a toda la familia del afiliado, no estuviéramos tan endeudados y angustiados con mi esposo. Sería bueno que el presidente que gane las elecciones considere esto”, dijo Martha, quien pidió ayuda para su hijo, pues continúa en cuidados intensivos de  Neonatología.

Un drama similar vive Édison Palma, afiliado en Santo Domingo desde hace 6 años. El viernes pasado acudió al IESS en Quito para solicitar  la transferencia de su padre Isauro (63 años) del hospital público de su ciudad al Carlos Andrade Marín para que lo operen de un tumor maligno en la cabeza. Pero al no ser afiliado, le negaron el pedido y le dieron un certificado para que acuda a Solca y vea  si lo  atienden. “Si la cobertura  también amparara a mi padre no estaría rogando que me ayuden a salvarle la vida. La operación es urgente, está grave”, dijo Édison.

Lo opuesto vivió Gloria Moina Quespaz (32 años), moradora de la Lucha de los Pobres, en el sur de Quito, quien hace dos meses alumbró a un niño. Se sintió “feliz, protegida y atendida” por su esposo durante los 15 días de permiso por paternidad. “Soy de provincia y no tengo aquí a ningún familiar para que me ayude, por eso fue importante que mi esposo esté conmigo”.

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