El 10 y 11 de agosto de este año, Edwin Francisco Jerez Núñez y Celeste del Pilar Celi Núñez se acercaron voluntariamente al fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, para rendir su versión sobre la supuesta falsificación de firmas que fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de partidos y movimientos políticos.
Los hermanos por parte de madre contaron cómo se vincularon en la falsificación de rúbricas.

En la versión otorgada dentro de la  indagación previa, Jerez mencionó que participó en el hecho ilícito porque no tenía trabajo. “Antes empezamos a recolectar firmas, como la ley manda, pero la gente no quiere colaborar”, reconoce el implicado en su versión.

Allí mencionó que Fernando Morla es quien le proporcionó la base de datos que, según él, fue comprada  por  Fabricio Correa, dirigente del movimiento Equidad y Oportunidad (Equipo) al CNE. “Me montaron cuatro computadoras conectadas directamente con este señor Fabián... en donde descargaba la información de la base de datos...”, narró. Los aparatos fueron retirados por Fernando Morla,   luego de terminar el trabajo, dijo.

Fernando Morla fue detenido junto a Ángel Bowen León y Fabián Caicedo Goyes el 14 de agosto pasado, acusados del delito de falsificación. El primero fue gerente general de la empresa Ecuasistemas y es hermano de los actuales dueños. Esta compañía ha trabajado con varias entidades del Estado, incluido el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por otro lado, Caicedo era funcionario de la delegación provincial del CNE en Guayas.

Según la versión de Jerez, la información que le proporcionaron Morla y Caicedo la grabó en un dispositivo de almacenamiento (pendrive) que ofreció entregarlo a las autoridades como prueba. Jerez aseguró que el trabajo era para entregárselo a Equipo.

A esta declaración se sumó un día después la de Celeste Celi Núñez, quien también participó en el hecho.  Ella acudió el 5 de enero a Samanes 2, en donde estaba Fernando Morla. Ahí ambos llegaron  a un acuerdo para  entregar cierta cantidad de formularios diarios, pero luego de presionar por la falta de entrega, Morla les entregó el padrón electoral. Así lo aseguró Celi, quien tiene 32 años de edad y era funcionaria de la Prefectura del Guayas.

La mujer contó que Morla la amenazó con meterla presa luego de una discusión que terminó con el vínculo. “Perdí el contacto con él hasta hace 10 días que me llamó y me dijo que estuviese tranquila, que él no me conoce y yo tampoco”,  dijo al fiscal.

Con relación a Bowen, indicó que le propuso trabajar para los movimientos Sembrar, Acción Patriótica y Movimiento Integrador. “Él nos pagaba cincuenta centavos por hoja, éramos 26 personas las que trabajábamos”, acotó.
Manifestó que Francisco,  hermano de Bowen, le facilitaba los datos y varias mujeres los extraían  y falsificaban las firmas.

Celi afirmó que los dirigentes de estos movimientos sí sabían de las falsificaciones porque les pagaban con cheques. Este diario pudo conocer que, entre las pruebas, la Fiscalía tendría  un cheque firmado por Fabricio Correa.

El fiscal encargado en Guayas del caso, Paúl Ponce, manifestó que estas declaraciones fueron de gran importancia para la detención de los tres primeros implicados. Fueron la base de donde surgió la investigación.

Las abogadas defensoras de Morla y Bowen señalaron que las versiones no son claras y que no justifican la detención de sus representados.

“¿Cómo es que a los actores confesos del hecho los dejan en libertad y ahora están como testigos protegidos? No existe una igualdad de trato, mi defendido merece las mismas oportunidades, por eso pido que se le dé la libertad, al igual que los señores Celi y Jerez”, dijo Gisella Padovani, representante de Morla.

El pasado jueves se suspendió la diligencia en la que se tomaría la versión de quienes se entregaron,  debido a que  sus abogados no aparecieron y el marco legal del país impide que se haga una diligencia sin la participación de un defensor.

El representante de Equipo no responde, aunque pide espacio

Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, fue implicado en las investigaciones por las firmas falsas cuando se detuvo a Fernando Morla, Fabián Caicedo y Ángel Bowen.

Entre las pruebas que se encontraron tras las detenciones se halló un contrato firmado por Correa, dirigente del movimiento Equipo, y la empresa Datalexsa. Gisella Padovani, abogada de Morla, reconoció la existencia y veracidad de ese documento, pero dijo que todo lo acordado era legal.

En el contrato se acuerda que Datalexsa iba a recoger firmas a favor de Equipo, mientras que Padovani asegura que era para hacer un estudio sobre la agrupación política.

Fabricio Correa ha rechazado cualquier acto ilegal. En su cuenta en la red social Twitter se quejó de que  los medios de comunicación no le han dado cabida para exponer su versión sobre este  caso.

El Telégrafo  se contactó con Virginia Burgos, quien maneja la comunicación de Correa. En un primer momento, ella dijo que el dirigente de Equipo no podría ofrecer una entrevista al diario público por encontrarse en una gira por el país.

Ante esta situación, se contactó a Correa por Twitter y él accedió a hablar con El Telégrafo, pero indicó coordinar con Burgos. Ella nuevamente se negó, pero por insistencia solicitó que se le envíe un cuestionario vía correo electrónico. Así se hizo, sin embargo  las preguntas no fueron contestadas.

El mismo día que ocurrieron estos hechos, el viernes pasado, Correa ofreció una entrevista a la estación Radio Democracia.