La  contraposición entre las leyes de comunicación y telecomunicaciones; la rectoría del Ministerio de Telecomunicaciones; las sanciones a los infractores; el traspaso de los medios públicos a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y la situación de  la telefónica pública cuencana Etapa, son los principales puntos críticos del proyecto de Ley de Telecomunicaciones propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea. 

En estos aspectos coinciden tanto la bancada oficialista como los sectores de oposición del Parlamento, en donde existe resistencia para aprobar el cuerpo legal propuesto por el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

Pedro de la Cruz, asambleísta de PAIS, reconoció que “hay temas que preocupan como el de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que está para regular y controlar, pero también para proteger a la ciudadanía, pero no conviene que este organismo esté en manos del mismo ministro de Telecomunicaciones, porque habría dificultades”.

Recordó que durante el tratamiento de la ley de Aguas, plantearon la creación de una Superintendencia que controle este recurso, pero esta institución iba a ser independiente de la Secretaría Nacional del Agua.

Sobre una posible contraposición con la Ley de Comunicación, al enfocar temas similares como el espectro radioeléctrico, De la Cruz coincide en que Comunicación y Telecomunicaciones deben tratarse por separado, aunque aclaró que se debe analizar antes  la primera ley, la cual está lista para su votación. Agregó que las causales y sanciones a los infractores, que no contemplen la Ley de Comunicación, deben ser consideradas en el otro proyecto.

El presidente de la comisión de Comunicación, Mauro Andino, pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que fuera tratado primero el proyecto a su cargo, antes del presentado por el Mintel, que se tramita en primer debate por la vía ordinaria, pero su pedido no tuvo acogida. 

El independiente Fernando González dijo que “el Ejecutivo controla también la agencia (organismo que crea la ley para regular el sector) y la abstrae del poder de control social establecido en la Constitución de controlar a las autoridades a través de las superintendencias (telecomunicaciones)”

González y Jimy Pinoargote, también independiente, concuerdan con el superintendente Fabián Jaramillo. Coinciden en  que debe existir una clara diferencia entre las infracciones determinadas para la telefonía móvil y las que son para la radiodifusión y televisión. Los legisladores indicaron que los castigos son muy exagerados, ya que las multas establecidas no las podría pagar ningún dueño de un medio amonestado.

Sobre la propuesta de que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones asuman todas las competencias de regulación y control que son potestad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, señalaron  que lo que se pretende es tener un mayor control sobre los medios.

Recordó que con la ley de poder de mercado se obliga a vender las acciones de los medios, mientras que ahora con  esta ley pretenden aplicar las sanciones que obligarán a una autocensura y al cierre de los medios. “Nadie podrá pagar una muta de 2 millones de dólares”, sentenció.