El proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Servicios Postales  enviado por el Ejecutivo al Legislativo para su respectivo trámite generó resistencia en la Asamblea Nacional. El que contemple puntos relacionados a la comunicación es el principal obstáculo.

Guillermo Navarro, asesor de la presidencia de la Asamblea, recordó que el texto fue presentado anteriormente por el Ministerio de Telecomunicaciones y revisado por más de un año “al más alto nivel”. Inclusive el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que tendría que reformarse para mantener la Superintendencia de Telecomunicaciones, como lo establece la Constitución.                            

“Lo primero que constato para sorpresa, después de que fue revisado y reformado con el visto bueno del Jefe de Estado, es lo que tiene que ver con la Superintendencia”, anotó.

Para Navarro, “se mantiene una inconstitucionalidad puesto que  el proyecto trata sobre telecomunicaciones y servicio postal, que son materias distintas”.  

No está de acuerdo con la posible eliminación de la Superintendecia de Telecomunicaciones, “lo cual es violatorio de la Constitución”, ya que el titular de este organismo Fabián Jaramillo, fue elegido de una terna enviada por el Ejecutivo. 
Jimy Pinargote (IND) está de acuerdo con que los títulos habilitantes de las concesiones que en la Ley de Comunicación se fija en 10 años en este proyecto sea de 15 años.

Sin embargo está preocupado por el capítulo referente a sanciones graves, que serán sancionadas con multas que van desde 751 a 1.000 salarios básicos unificados. Agrega que el documento debe precisar por separado las sanciones para telecomunicaciones; radio y televisión; y servicio postal.

El presidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino (PAÍS), es partidario de que primero se apruebe la Ley de Comunicación para luego debatir la de Telecomunicaciones, y así  evitar la contraposición de los dos cuerpos legales. Con este criterio coinciden sus coidearios Ángel Vilema y Raúl Abad, así como Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero.

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó ayer el proyecto y lo envió a la Comisión de Gobiernos Autónomos, informó Francisco Ulloa (MPD), miembro de este organismo parlamentario.