El director de Fundamedios, César Ricaurte, se negó a dar una entrevista a la periodista Elena Rodríguez, de El Ciudadano. El hecho ocurrió durante una ceremonia de premiación en Buenos Aires, Argentina.

Según el relato de Rodríguez y la agencia Andes, una vez finalizado el evento en el que la editorial Perfil galardonó a Ricaurte, él aseguró que  tiene la libertad de dar entrevistas a quien le parezca.

Ricaurte llamó a Rodríguez “agente de persecución del Estado”. Y se retiró diciendo que los medios públicos prostituyen el periodismo.

Esto ocurre paralelamente a la acción de protección que interpuso Fundamedios a la prohibición de los ministros de Estado de ofrecer entrevistas a los medios “mercantilistas”. De hecho, el  juez Décimo Segundo de la Niñez y Adolescencia (Quito), Raúl Reinoso, tiene previsto resolver hoy el recurso.

Para Santiago Guarderas, abogado de Fundamedios,  la disposición gubernamental restringe los derechos a la comunicación e información.  “La decisión discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así en una política pública que violenta libertades fundamentales de las personas”, señaló.

Para el jurista Oswaldo Moncayo, la medida no atenta contra nadie ya que no existe ninguna afectación directa, personal o individual a los derechos humanos.

Tampoco cree que el accionante (Fundamedios) ha especificado la supuesta afectación ya que la acción de protección, presentada el 5 de septiembre de 2012, es muy general y de interpretación extensiva. “Si el presidente Rafael Correa emitía una orden por escrito, se la podría haber impugnado, pero no se puede interponer un recurso solo basado en rumores”, agrega.

El Primer Mandatario se opone a ofrecer entrevistas a los grandes medios por considerarlos negocios privados con fines de lucro.