Un equipo periodístico de diario EL TELÉGRAFO sufrió ayer agresiones y amenazas durante una cobertura, en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha, en el norte de Quito.

La periodista y fotógrafo asignados cubrían una audiencia de apelación a la sentencia por el presunto delito de trata de personas. En este caso fueron procesados 4 ciudadanos, de los cuales 3 fueron sentenciados a 3 años de prisión y el último a 4 años de reclusión menor.

El incidente se produjo alrededor de las 08:40 cuando un joven, aparentemente familiar de uno de los procesados, se acercó al fotógrafo de este medio -quien hacía su trabajo apoyado en sus rodillas- y le propinó, por la espalda, un golpe en el oído derecho  y varios más en la cabeza.

Posteriormente el agresor se escondió en medio de otros presuntos familiares del procesado, quienes salieron en su defensa.

Inmediatamente, los allegados del sindicado, quien en ese momento salía de la sala 2 del juzgado provincial se agolparon contra el fotógrafo y exigieron que no publicara las imágenes.

De forma insistente amenazaron tanto a la periodista que cubría la noticia como al reportero gráfico para que no publicaran ninguna información relacionada al tema.

Por ello, en medio del tumulto, el fotógrafo y la periodista resguardaron el equipo para impedir que se lo llevaran. La reportera pidió ayuda policial por temor tras recibir más agresiones verbales y físicas de parte de la multitud. Entonces varios gendarmes salieron a dispersar a los presentes.

El personal de la Policía resguardó al fotógrafo y les informó a los presuntos familiares que los medios de comunicación tienen autorización para realizar las tomas e informar del hecho a la ciudadanía.

Los uniformados aclararon a la multitud que los colaboradores de este Diario cumplían con su labor sin ninguna provocación a las partes.

En medio del disturbio, el vendedor de una tienda cerca del lugar se acercó al equipo periodístico para apoyarlo y le recomendó que por seguridad se alejara del sitio.

Este medio de comunicación aclara que el Departamento de Fotografía no toma imágenes o publica los rostros de los procesados judiciales, en fiel cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Comunicación y el Código Penal vigente. Por ello, el fotógrafo agredido solo realizaba tomas generales y de registro del hecho.