El Gobierno analiza la creación de nuevas superintendencias y agencias de control.
Estas entidades nacerían con las 50 reformas institucionales al Ejecutivo que ha anunciado el presidente Rafael Correa y con las 45 leyes que se tramitarán en la Asamblea, a partir del próximo 24 de mayo que iniciará el nuevo período constitucional.

El objetivo sería volver efectivo el concepto de regulación y control que establece la Constitución de 2008, que tiene desde el artículo 213 todo un capítulo completo sobre la creación de las superintendencias.

En este articulado se define la razón de ser de estas entidades que tienen un perfil técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estén sujetas al ordenamiento jurídico y atiendan el interés general.

La concepción, según Pabel Muñoz, subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), va de la mano a la redefinición de los bienes de la economía, en donde se plantean tres instancias: bienes superiores, que son los que estarán atados a derechos; bienes estratégicos, en donde se encontrarán telecomunicaciones, electricidad, y finalmente los bienes de mercado, en donde el rol del Estado será regular y controlar las diversas actividades.

En ese marco, el Primer Mandatario crearía varias superintendencias para  vigilar los procesos. En el enlace ciudadano de la semana pasada, el gobernante puso como ejemplo el campo de la salud, ya que los ciudadanos deben ser atendidos en entidades públicas y privadas, al margen de los recursos económicos que tenga “porque ese es su derecho”.

Con base a la clasificación de bienes superiores, estratégicos y de mercado se crearán las superintendencias, mientras que para los bienes estratégicos, en donde estarán los recursos naturales no renovables, telecomunicaciones, agua, entre otros, se abrirán agencias de control y regulación.

Una superintendencia, por ejemplo, vendría con el Código de Ambiente, que será una de las normativas que el Ejecutivo propondrá a la Asamblea entrante. En cambio, las agencias de control nacerán con las leyes petrolera, de Telecomunicaciones y de Electricidad.

La Carta Magna establece que los superintendentes son nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) a partir de una terna enviada por el Ejecutivo.

Homero Arellano, ministro de Coordinación de Seguridad, destaca que las superintendencias son necesarias en el lado económico, pero aclara que también serán útiles en los ámbitos de seguridad.

Por eso considera la creación de una superintendencia para el control en las áreas mineras y para los combustibles, específicamente para combatir el contrabando.
Arellano manifiesta que en el área de Seguridad, en donde se coordina con los ministerios del Interior, Justicia, Defensa, Plan Ecuador, Cancillería y las secretarías de Inteligencia y de Gestión de Riesgos, habrá nuevas leyes.

Entre ellas están el Código Penal Integral, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad, una ley para el Sistema de Seguridad ECU 911, la Ley de Gestión de Riesgos, la Ley de Inteligencia, Ley Orgánica para las Fuerzas Armadas, entre otras.