La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos. Para atender ese problema, el Gobierno ha reforzado la Policía y mejorado las cárceles, pero en esta cuestión hay otro actor: la Función Judicial.  

Como respuesta a la demanda ciudadana, el Gobierno convocó a una consulta popular, que entre otras cosas crea un Consejo de la Judicatura ad hoc para reformar en 18 meses esa área.

“Falta mucho por hacer, en todo sentido, pero debemos reconocer que existe una predisposición para enfrentar un cambio, aunque es una batalla porque son más de 30 ó 40 años de corrupción que no pueden desaparecer en un año. Será en cinco o diez años cuando sepamos cuál es el resultado del trabajo”, detalló Elena Ochoa, quien participa como veedora de la reestructuración judicial en la provincia de Guayas.

Carlos Cortázar, abogado con veinte años en ejercicio, manifestó que a su parecer el problema radica en la gente. “Vemos que existe una millonaria inversión en remodelaciones, nuevos edificios, concursos, capacitaciones, fortalecimiento, entre otros temas... El problema de nuestro sistema es la gente; podemos tener lo mejor, pero sino se refuerzan las universidades y los castigos por prevaricato no se cambiarán los resultados”, detalló el jurista.

La reforma a la Justicia se convirtió en el principal hecho político de los últimos 12 meses. El Consejo de la Judicatura organizó un concurso y definió la Corte Nacional de Justicia. Además se están construyendo en todo el país nuevos edificios que albergarán a los jueces escogidos en concurso de méritos y oposición.

Además se quiere aplicar un nuevo modelo que permita agilizar la atención al ciudadano. Varias veedurías se han realizado en el país sobre la Función Judicial. Una de ellas la hizo el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, cuyos resultados evidenciaron las bajas calificaciones de los postulantes que aspiraban a ser jueces en Guayas. “De la lista de 37 postulantes ninguno tenía una  calificación que sobrepasara los 90 puntos”, detalló el resultado de la investigación.

María Díaz, también veedora, destacó que un reciente informe detalla que los jueces no cumplen con los horarios establecidos. “En la encuesta encontramos que la coima aún no se ha erradicado, sobre todo en los cantones porque no hay una veeduría permanente que pueda fiscalizar la Función Judicial. Es eso contra lo que se debe luchar para tener una justicia transparente con acceso igualitario para todos los ciudadanos y sin distinción del poder económico”, manifestó Ochoa.

Roy Orozco, integrante de la Veeduría ciudadana, enfatizó que lo más importante es que hubo la decisión política de reestructurar un sistema de justicia que tiene 30 años de corrupción. “Los abogados comunes sabemos que no es posible con un sueldo normal adquirir lujosas viviendas y autos caros. Cuando se dan esos casos hay una corrupción visible. El Gobierno está haciendo mucho, pero lo que queremos es que se mantenga una veeduría para evitar que la historia se repita y los esfuerzos queden en la nada”, afirmó Orozco.

Por su parte,  la directora Provincial del Guayas y Galápagos del Consejo de la Judicatura, María Verónica Llaguno, detalló que el trabajo de la entidad a la que representa es maratónico. “Estamos haciendo concursos para los jueces y nuevos proyectos como la recientemente inaugurada Unidad de Contravenciones que atiende las 24 horas.

Además impulsamos un programa de tránsito que consiste en que todos los delitos de esa naturaleza se resuelvan y no queden en la impunidad. Se van a detener los vehículos implicados en algún proceso judicial. En  dos semanas ya hay 16 carros apresados y esperamos que sean muchos más”, informó la funcionaria.

Este sistema ya se ha aplicado en Loja y Cuenca, obteniendo buenos resultados, detalló Llaguno, y manifestó que en Guayaquil existen 3.000 causas de este tipo y se espera que con este proceso se dé trámite a muchas de ellas.

Estos temas fueron compartidos por Pablo Acosta, vocero de Acuerdo por una Nueva Justicia y Fin a la Impunidad, quien acotó que uno de los puntos más importantes es la cantidad de procesos que se han despachado de una forma más ágil. “Se están depurando los juicios que tenían muchos años detenidos en los juzgados. A esto se suma que ya se pueden sentir los cambios porque hay mayor agilidad en el momento de poner fechas para las audiencias”, resaltó.

Rodrigo Collaguazo, dirigente indígena, dijo que aún falta la implementación de varias cosas planteadas y resaltó que las veedurías son indispensables, aunque reconoce que sus conclusiones no se han difundido correctamente.

Por ello destacó que es indispensable que exista un veedor que realice el seguimiento de la gestión en cada provincia. Lo mismo que piden los veedores ciudadanos. “Queremos que se institucionalicen las veeduría, ya existe la ley y los mecanismos que nos dan la facultad para ser observadores”, pero ahora falta que en cada inmueble de la Función Judicial se abra un espacio de veeduría”, dijo Díaz.