Un total de 85 instituciones públicas ha solicitado autorización al Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir sus publicidades en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Entre las organizaciones están la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría de Pueblos, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Comunicación, entre otras.

A todas estas organizaciones, según la consejera Nubia Villacís, el CNE ha entregado su autorización y código correspondiente. Sin embargo, manifestó que la prohibición de emitir publicidad estatal solo es de obligatorio cumplimiento durante la campaña electoral, la cual inicia el 4 de enero y termina el 14 de febrero. Antes de ese período las instituciones pueden emitir propaganda sin restricción, pero “si quieren hacerlo con antelación es mejor, porque ya están habilitados”.

Para evitar esta discrecionalidad, el CNE realizaría una reforma al Reglamento de Promoción Electoral, en donde se enfatizará que será imprescindible que las instituciones públicas pidan su autorización en la época de campaña electoral. En este tiempo, Villacís aclaró que solo se dará luz verde  a aquellas publicidades que difundan sobre planes y proyectos en ejecución.

Hasta el momento, 870 medios de comunicación públicos, privados y comunitarios se han inscrito ante el CNE para poder recibir publicidad de los candidatos. El CNE pidió a esos medios que solo presenten tres tipos de tarifarios (A, AA y AAA), en donde deberán constar los costos que los medios cobran por los anuncios.

La consejera Villacís  explicó que, en las elecciones pasadas, los medios establecían los costos a su antojo y en diversas horas. Pero esto no sería todo, pues el órgano electoral analizaría solo retribuir en un 70% el costo del valor de la publicidad de los medios. 

Villacís dijo que los candidatos de los binomios presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos deben escoger en qué medio de comunicación desean pautar. De 1’749.971 dólares que es el límite de gasto electoral para los aspirantes presidenciales, Villacís aclaró que el CNE entregará 699.988,68 dólares para promoción electoral.

La cifra es la misma para los asambleístas nacionales, sin embargo, en este caso el monto se debe repartir en igualdad de condiciones para los 15 candidatos. Para parlamentarios andinos, 233.329 dólares es el monto destinado a este rubro.

En Guayas, Manabí y Pichincha, las cifras varían. En la última provincia (que está conformada por cuatro circunscripciones electorales), el límite de gasto electoral será de 124.481 dólares, cantidad que debe dividirse a los 16 candidatos.

Para Guayas, en cambio, será de 167.938 dólares, dividido para las cuatro circunscripciones. En Manabí, que tendrá dos distritos, el monto por promoción electoral es de 66.072 dólares.

El CNE analizaría un presupuesto de 700.000 dólares para promoción electoral, que es la cifra que se manejó en las elecciones de 2009, sin embargo, Villacís considera que el monto podría disminuirse “por el número de organizaciones inscritas y candidatos”.

Igualdad en promoción

El CNE  quiere que la próxima Asamblea esté conformada por igual número de hombres y de mujeres. Para ello se garantizará en el Reglamento de Promoción Electoral que tanto los candidatos hombres como las mujeres tengan igual difusión.

Villacís es consciente de que -a pesar de que en las listas se incluya a igual número de mujeres y hombres- la votación ciudadana impone la última palabra. “La promoción electoral es la clave, buscamos que mujeres y hombres tengan igual promoción electoral”.

Por otro lado, la tercera semana de noviembre el CNE realizará talleres con los representantes de los medios de comunicación y ciudadanía en general, en torno al artículo 203 del Código de la Democracia, que aborda el tema de la promoción directa e indirecta de los medios de comunicación.

Para estos talleres está previsto que acudan expertos en promoción electoral de México, Colombia, Argentina y Brasil. Luego de esto se analizará la necesidad de realizar reformas al reglamento o elaborar un instructivo.