La devolución de propiedades y de recursos por parte de agrupaciones políticas que desaparecen por no cumplir los requisitos de la Constitución y del Código de la Democracia y que, por ende, perderían la personería jurídica, reactiva el tema respecto a cuánto han recibido del Fondo Partidario Permanente (FPP), proveniente del erario público, y el uso que hicieron de esos recursos.

Para Dalton Bacigalupo, líder nacional de la Izquierda Democrática (ID), partido que desaparecería del tablero electoral, las agrupaciones políticas que recibieron recursos  del FPP tienen que “restituirlos”, al igual que los inmuebles adquiridos con aportes del Estado. Acota que la ID dejó de  tener personería jurídica, por lo que las propiedades que antes poseía el partido serían ahora “bienes de nadie”.

Frente a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca la fórmula para que esos bienes tengan titularidad, dado que son organizaciones públicas no estatales, pero sus bienes son públicos. El Código de la Democracia únicamente se refiere a  la “extinción legal” de los partidos que no cumplen con ciertos requisitos para seguir  vigentes.

Sin embargo, algunos dirigentes se niegan a entregar al Estado las propiedades. Tal es el caso de Henry Llanes, quien se dice líder máximo de la ID. Destaca que tras la decisión del CNE, de eliminar  al partido del registro electoral, no entregarán el edificio de cinco pisos ubicado al norte de Quito. Esa propiedad, sin embargo, volvería al patrimonio del Municipio, dado que la ID habría incumplido las cláusulas del contrato de donación que en 1980 hizo Álvaro Pérez, exalcalde de Quito, a favor de ese partido político cuando era liderado por Raúl Baca.

Llanes dice que esa es una propiedad privada e insiste en que la afectación económica que sufrieron como tienda política “se debe a que el actual Gobierno bloqueó el proceso de inscripción del partido”. Sin embargo, Bacigalupo admite que la ID no pudo reinscribirse debido a la “traición divisionista” de Llanes y Andrés Páez, “que ahora son dirigentes de CREO, el uno suplente y el otro alterno por Pichincha”.

El FPP es un rubro cargado al Presupuesto General del Estado (PGE) por disposición de la Ley de Partidos Políticos, creado en 1978 por la dictadura militar. Mientras que, la Ley de Partidos, vigente hasta julio de 2009, establecía una partida anual equivalente al 0,5% de los egresos fiscales. El 60% del fondo se repartía igualitariamente entre los partidos registrados en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 40% de acuerdo a los votos que obtuvo en las últimas elecciones.

Un total de 24 agrupaciones políticas  desaparecería  por no lograr en cuatro años la reinscripciónEl FPP fue ratificado por el actual Código de la Democracia (que reemplazó a la Ley de Partidos). De  2000 a  2012, el Estado ha distribuido $ 29’440.354,09 entre las agrupaciones políticas; especialmente a nueve, de las cuales cuatro se han beneficiado durante 35 años de vigencia del FPP y dos por más de 25 años, entre estas la ID, que este año iba a cumplir 43 años de vida, pero que es una de las 24 agrupaciones que desaparecerían por no lograr en cuatro años la reinscripción, como señala la Constitución de 2008.

Bacigalupo estima que en el caso de la ID se deberán devolver los fondos que constan en dos cuentas bloqueadas en los bancos Pichincha y Produbanco, donde la organización tendría $ 400.000. Expresa que se ordenó bloquear las cuentas porque Llanes habría girado cheques sin que sea presidente. Sin embargo, Llanes argumenta que el dinero se bloqueó porque  Bacigalupo gastaba en actividades que no venían al caso y que eso se reflejará en auditorías.

Fausto Camacho, vocal del CNE y exdirector de Organizaciones Políticas en el desaparecido TSE, contó que desde 1978 la Ley de Partidos Políticos ha sido modificada más de 30 ocasiones, principalmente en lo referente al cálculo del FPP y al método de asignación de escaños.

Democracia Popular (hoy UDC), MPD, PSC, ID, PRE y Partido Socialista, en mayor o menor escala han participado del FPP. Desde 2002 se sumaron como beneficiarios el Prian, Sociedad Patriótica y Alianza PAIS (ver gráfico).

Aunque los fondos son públicos, la ley establecía mínimos controles sobre la calidad del gasto: que haya documentos y comprobantes debidamente organizados, fechados y foliados sobre el destino de los recursos y que esos archivos sean conservados cinco años y entregados anualmente al TSE. Eso servía como requisito para la nueva asignación.

A más del FPP, la ley anterior contemplaba una partida para reposición del gasto electoral, equivalente al 0,5 por mil de los egresos fiscales. Ese fondo era distribuido entre los partidos según los votos obtenidos.