A finales de octubre la Comisión Mixta de Investigación de Accidentes Aéreos   tendrá listo el informe del accidente  del avión  Cheetah.  Los investigadores de la empresa sudafricana y la Fuerza Aérea continúan en la indagación, informó el ministro de Defensa, Javier Ponce.

El funcionario además se refirió, ayer,  a  la adquisición de 12 aviones,  la compra de equipos a Rusia y el caso 30-S durante  la inauguración del seminario  “Desafíos en el manejo de crisis en operaciones de paz”.

Sobre las naves sudafricanas dijo que “están en muy buenas condiciones y se repotenciaron. Los hemos escogido entre otras alternativas, incluso españolas. Tienen una capacidad que nos puede permitir responder a las necesidades de entrenamiento del país en los próximos seis o siete años”.

Ponce añadió  “el país no estaba en condiciones de invertir en aviones de última generación. Pensemos que 12 jets nuevos pueden significar una inversión de más de 1.200 millones de dólares. De manera que los comprados pueden cumplir ampliamente con las necesidades del país.

“El proceso de recepción está paralizado hasta que obtengamos toda la información técnica requerida por la empresa que está analizando lo que ocurrió”, dijo el ministro de Defensa.

Acerca de que los Cheetah son los únicos que operan en la región, indicó que esto sucede igual  en el caso de los helicópteros Dhruv, “que son los únicos que operan en la región y que nos están dando un resultado extraordinario”.

Sobre el reciente acuerdo militar con Rusia, Ponce enfatizó  que “no existe compra de material bélico, por el simple hecho de que la Constitución no permite crédito para material bélico; no había posibilidad de hacerlo y nunca lo pensamos”.

El secretario de Estado aclaró que lo que se está adquiriendo,  sin que concluya aún la negociación, son camiones, vehículos blindados para operaciones ligeras, puentes y talleres móviles para atender a los camiones y vehículos más pequeños, cuatro helicópteros de rescate y de transporte.

Respecto a la rebelión policial del  30 de septiembre de 2010 concluyó  que se aplicó  “más de un centenar de medidas disciplinarias” a quienes participaron.

En lo que refiere a una supuesta diferencia en el juzgamiento entre policías y militares, aseguró que “no pueden tener el mismo tratamiento, pues hay una diferencia radical” en el grado de participación.